Una presentación judicial por un presunto caso de corrupción de menores sacudió al sur de la provincia de Tucumán. La denuncia, radicada ante el Ministerio Público Fiscal provincial, expone un mecanismo de captación digital que habría utilizado plataformas de videojuegos y sistemas de mensajería para obtener material íntimo de un niño. La existencia de contactos con prefijos internacionales motivó que el expediente fuera derivado a la Justicia Federal.

Según surge del relato de la denunciante, una mujer se acercó a la oficina de denuncias tras ser advertida por otra persona sobre la existencia de videos que involucraban a un menor. En un encuentro personal, le habrían exhibido ese material, lo que generó un fuerte impacto emocional en la mujer, quien aseguró que desconocía completamente la situación hasta ese momento. Por razones legales y de seguridad, no se informa la identidad de los protagonistas ni el lugar exacto de los hechos.

El mecanismo descrito en la denuncia no es nuevo en el universo de los delitos digitales: el contacto inicial a través de redes y plataformas de mensajería, la promesa de beneficios dentro de videojuegos y, finalmente, la exigencia de material íntimo. Según el relato, los contenidos habrían sido obtenidos mediante manipulación y engaño, ofreciendo recompensas virtuales —como créditos o elementos dentro del juego— a cambio de imágenes o videos. Esa dinámica, que comienza como un intercambio aparentemente inofensivo, habría escalado hacia pedidos de mayor gravedad.

La Justicia ordinaria se declaró incompetente y el caso pasó al fuero federal

La investigación comenzó en la Justicia ordinaria, pero rápidamente se planteó un conflicto de competencia. El fiscal interviniente, Jorge Echayde, solicitó al juez Roberto Flores que la causa fuera transferida al fuero federal, al considerar que los hechos podrían involucrar a personas de distintas jurisdicciones e incluso del exterior. El magistrado aceptó el planteo y declaró la incompetencia de la justicia provincial.

En la resolución, fechada el 1 de abril de 2026, se señala que “la probable afectación de bienes jurídicos de trascendencia interjurisdiccional” y la eventual intervención de personas radicadas en otras provincias e incluso en otro país —a partir de un número con prefijo internacional— justifican la remisión del expediente. El caso quedó radicado en el juzgado federal de turno en Tucumán, con intervención del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y del juez Guillermo Díaz Martínez.

La denunciante, asesorada por el abogado José Sánchez Martínez, también mencionó que tras acceder a parte del material logró identificar conversaciones y contactos que darían cuenta de la participación de otras personas fuera de la provincia. Las comunicaciones con prefijos internacionales encendieron las alarmas sobre la posible existencia de una red más amplia, con ramificaciones que exceden el ámbito local.

El uso de videojuegos como puerta de entrada para el grooming: un fenómeno detectado en otras causas

El expediente pone el foco en una problemática que ha sido documentada en otras investigaciones a nivel nacional e internacional: la utilización de videojuegos y redes sociales como puerta de entrada para el grooming y la explotación de menores. Adultos se infiltran en comunidades virtuales frecuentadas por niños y adolescentes para establecer vínculos de confianza y luego avanzar hacia conductas delictivas. En algunos casos, esas investigaciones derivaron en condenas, especialmente cuando se logró rastrear la actividad digital y vincularla con personas concretas.

Especialistas en delitos informáticos advierten desde hace años sobre este fenómeno, que combina anonimato, acceso masivo y dificultad de control. La lógica de recompensas dentro de los juegos —monedas virtuales, “skins”, niveles— se convierte en una herramienta de manipulación particularmente efectiva cuando los destinatarios son menores de edad. Esa asimetría es aprovechada por quienes buscan obtener material o ejercer algún tipo de coerción.

En el caso que ahora investiga la Justicia Federal, uno de los ejes será determinar la trazabilidad de las comunicaciones, identificar a los posibles responsables y establecer si efectivamente existe una red organizada detrás de los hechos denunciados. También se deberán adoptar medidas de protección para los menores involucrados, tanto en el plano físico como psicológico. La causa, aún en una etapa inicial, avanza bajo reserva para reconstruir un entramado que se mueve entre pantallas, identidades falsas y fronteras difusas.