La crisis del transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán se profundiza. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, aseguró que el sistema atraviesa una situación límite y advirtió que una eventual reducción de servicios podría derivar en suspensiones de trabajadores.

Berreta calificó como “infructuosa” la reunión mantenida este jueves con el municipio capitalino. Según explicó, no se obtuvieron soluciones concretas. “Todos los planteos fueron negativos”, sostuvo, y señaló que desde el Ejecutivo municipal solo se mencionó una posible reformulación del sistema, sin medidas inmediatas que alivien la emergencia.

Aumento del gasoil y caída de pasajeros: la ecuación imposible

El dirigente empresarial detalló los números que explican la gravedad del momento. “Desde febrero el gasoil subió entre un 53% y un 60%. Hoy pagamos unos 800 pesos más por litro, lo que representa cerca de 2.000 millones de pesos mensuales para la actividad”, afirmó.

A ese incremento se suma una caída sostenida en la cantidad de usuarios. “Desde octubre de 2024 a la fecha hubo una merma del 30%”, indicó Berreta. Como ejemplo, mencionó que una línea llegó a recaudar poco más de 4 millones de pesos en un día, casi el mismo monto que destinó únicamente al gasto de gasoil. “Hay líneas donde el costo del combustible ya supera los ingresos diarios”, remarcó.

Pese a este escenario, el vicepresidente de AETAT aseguró que, por el momento, el servicio se mantiene con normalidad. “Estamos haciendo el esfuerzo de endeudarnos más para sostenerlo hasta agotar las conversaciones”, indicó. Sin embargo, advirtió que el margen es cada vez más estrecho. “La situación no da para más”, insistió.

Gestiones con la Provincia y el riesgo de suspensiones

Ante la falta de acuerdo con el municipio, AETAT avanzará en gestiones con el Gobierno provincial. Según confirmó Berreta, solicitarán reuniones con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte para buscar una salida conjunta. Entre los pedidos, incluso plantearon la posibilidad de acceder a créditos para sostener la actividad, aunque esa propuesta también fue rechazada a nivel municipal.

En ese contexto, Berreta remarcó que cualquier ajuste en el sistema tendrá consecuencias directas sobre el empleo. “Si reducimos servicios, el mayor costo que tenemos es el laboral. Eso implica gente que queda sin tareas y decisiones muy duras que pueden generar conflictos”, advirtió. Sobre una eventual reducción de frecuencias —que podría oscilar entre el 15% y el 25%—, aclaró que por ahora no se aplica de manera generalizada, aunque reconoció que podría darse en casos puntuales.

Finalmente, confirmó que este viernes se completará el pago de salarios a los trabajadores, en medio de la tensión con el gremio, y anticipó que en los próximos días habrá nuevas reuniones clave para definir el futuro del transporte en la provincia.