Aunque las tormentas intensas de los últimos días han puesto la mirada en el sur provincial, donde decenas de pueblos permanecen bajo agua y aislados, los especialistas advierten que el escenario más complejo y de resolución más costosa se concentra en el Área Metropolitana de Tucumán (AMET). Allí, la conjunción de una expansión urbana desmedida, transformaciones en el uso del suelo agrícola desde 1976 y una alarmante carencia de infraestructura pluvial configura lo que un experto califica como una cuenta regresiva hacia un desastre anunciado.

La región alberga a 1,2 millones de habitantes, con una densidad promedio de 4.500 personas por kilómetro cuadrado. En la capital provincial esa cifra asciende a 6.500, y en el área delimitada por las cuatro avenidas centrales alcanza los 6.800. Este conglomerado, que incluye siete municipios y 19 comunas, presenta un deterioro progresivo de sus sistemas de desagüe, insuficientes para afrontar los eventos climáticos extremos actuales.

El ingeniero Franklin Adler, reconocido en el campo de la Hidráulica, publicó en abril de 2025 un estudio titulado "Inundaciones en el Área Metropolitana de Tucumán, con algunas respuestas realistas a interrogantes apremiantes". En ese trabajo, cuyo diagnóstico mantiene plena vigencia un año después, el especialista identifica al potencial colapso de los canales Norte y Sur como el factor de riesgo más significativo. Ambos conductos, concebidos originalmente como un cinturón perimetral protector para la Capital, reciben actualmente caudales muy superiores a los que podían manejar cuando fueron construidos (el Canal Norte data de 1935 y el Sur de 1976), debido a la impermeabilización del terreno provocada por el crecimiento urbano.

Según Adler, el agua pluvial que cae al oeste del río Salí —proveniente de Tafí Viejo, Las Talitas y Yerba Buena— escurre en dirección noroeste-sudeste hacia la Capital. Allí, los canales Norte y Sur funcionan como cuerpos receptores que derivan los excedentes hacia el río Salí, el colector final. Sin embargo, ambos padecen defectos de ingeniería, problemas constructivos, escaso mantenimiento y un avanzado estado de destrucción. De producirse lluvias extraordinarias, su colapso generaría irrupciones de grandes masas de agua sobre la zona más densamente poblada.

El estudio detalla que dentro del municipio capitalino existen algunos colectores que evacuan menos del 20% del territorio. Su eficacia es muy baja debido a fallas de concepción y ejecución, lo que explica las frecuentes inundaciones incluso ante precipitaciones consideradas ordinarias. Las áreas más afectadas son el suroeste y el sureste de la ciudad, especialmente barrios y asentamientos ribereños como Barrancas, Costanera, Autopista Sur, el asentamiento Ara San Juan, Las Piedritas, Ampliación Alejandro Heredia, Crucero Belgrano, Los Chañaritos, San Ramón Nonato y Ampliación Federal. También son muy vulnerables los sectores ubicados desde la avenida Roca hacia el sur, tomando como eje la avenida Jujuy.

En cuanto a otros municipios del AMET, Adler señala que Yerba Buena construyó en la última década dos colectores importantes —Bulevar 9 de Julio y Solano Vera-San Luis—, pero el primero recibe una cuenca muy superior a la prevista en su diseño, por lo que su eficacia es baja. El canal Yerba Buena, además, arrastra serios defectos y destrucción. Tafí Viejo y Las Talitas cuentan con algunas obras que desaguan hacia el menguado Canal Norte, aunque faltan ejecutar proyectos de gran envergadura, especialmente en la zona norte y este.

El ingeniero advierte que las obras necesarias para completar el sistema de desagües pluviales en el AMET son numerosas y requieren inversiones muy elevadas. El crecimiento urbano sin planificación acumuló enormes carencias, cuya solución excede la capacidad financiera de los municipios, las comunas y la propia Provincia. Históricamente, estas obras se financiaban con aportes nacionales, pero en el contexto económico actual esa vía resulta prácticamente ilusoria.

Ante este panorama, Adler propone ocho acciones. Las dos primeras son de índole hidráulica prioritaria: la reformulación, reconstrucción y reparación de los canales Norte y Sur para evitar su colapso; y la construcción de un desvío del canal Yerba Buena hacia el arroyo El Manantial, como alivio para el Canal Sur. El resto incluye medidas institucionales y de planificación: detectar áreas urbanas no aptas para la edificación y establecer restricciones legales; relocalizar a la población vulnerable asentada en zonas de riesgo; fijar normas de construcción que mitiguen los daños por anegamientos (niveles mínimos, inhibición de planta baja, etc.); crear zonas de acumulación temporaria de agua que actúen como lagunas de detención; organizar los sistemas de Defensa Civil para evacuaciones; preparar el sistema sanitario para la atención de emergencias; y constituir un fideicomiso específico para inundaciones y catástrofes, con salvaguardas para evitar su desvío a otros fines.

El especialista lamenta que durante el último medio siglo el Estado no haya mostrado inclinaciones hacia estas soluciones. A modo de conclusión, subraya la necesidad imperiosa de crear una Autoridad Única del Agua que aborde no solo las inundaciones, sino también el agua potable, el saneamiento, el riego, el uso industrial y la preservación de la calidad de los recursos hídricos. Sin esos cambios estructurales, Adler anticipa que, más temprano que tarde, las consecuencias catastróficas para la zona que concentra al 70% de la población tucumana serán inevitables.