Un nuevo capítulo de tensión entre el sector privado y el Estado tucumano se abrió esta semana luego de que el gobierno provincial archivara definitivamente un proceso de expropiación que llevaba más de una década. Las 159 hectáreas que pertenecen al empresario Emilio Luque, ubicadas en un punto estratégico cerca de la Banda del Río Salí y del aeropuerto Benjamín Matienzo, ya no serán destinadas al proyectado Centro de Transferencia Multimodal de Cargas.

La decisión quedó sellada mediante el Decreto 564/1, que autorizó a la Fiscalía de Estado a desistir del juicio iniciado en 2014 bajo la gestión de José Alperovich y que se extendió durante la administración de Juan Manzur. El actual gobernador, Osvaldo Jaldo, justificó el paso al costado con dos argumentos principales: la obra no figura en los planes del Ministerio de Obras Públicas y pagar la indemnización que reclama Luque representaría un agujero financiero de más de $5.500 millones, según las estimaciones judiciales.

Lejos de aceptar esa explicación con conformidad, Luque salió al cruce con duras declaraciones en el canal OnTV. Su enojo no es reciente: sostiene que desde hace años intenta obtener respuestas de las sucesivas administraciones sin éxito. “Ni Juan Manzur me llamó ni me atendió Osvaldo Jaldo cuando le planteé este tema”, disparó.

El empresario puso el foco en una supuesta asimetría legal que favorece al Estado. “Cuando el gobierno tiene que cobrar, cobra, embarga, aplica tasas usurarias. Cuando el gobierno tiene que pagar es el peor pagador”, afirmó, y mencionó la ley de inembargabilidad vigente en Tucumán –única en el país– que impide a los particulares trabar ejecuciones contra las arcas provinciales.

El perjuicio concreto, más allá de la frustración, se traduce en números. Luque calcula que, mientras el expediente judicial daba vueltas, él dejó de cosechar caña durante seis años seguidos. “Veremos cómo terminamos con el gobierno porque a mí no me ha pagado nada”, remarcó.

En cuanto al valor del terreno, el hombre de negocios relativizó los $5.500 millones que maneja la Justicia. A su juicio, el precio de mercado es otro: al tratarse de una zona que ya no es puramente agrícola sino suburbana, cada hectárea cotiza entre 20.000 y 22.000 dólares. Con esa referencia, el monto final podría superar holgadamente los cálculos oficiales.

Un punto que Luque subrayó con insistencia es su propia disposición a colaborar. Asegura que nunca se opuso al proyecto del centro de cargas porque lo consideraba “interesante para todo el Norte”. Sin embargo, critica que esa buena voluntad no fue correspondida. “Hemos sido maltratados porque si es una expropiación se la tiene que pagar. Acá han venido dilatando con distintas excusas hasta hace dos semanas atrás”, sentenció.

Para cerrar, el empresario extendió el reclamo más allá del gobierno de Jaldo. Dijo que Tucumán “está muy postergado” y que el problema viene arrastrándose desde varias gestiones anteriores, con proyectos inconclusos como el Centro Cívico o el complejo deportivo de Tafí del Valle. Su pedido final fue que el Estado deje de culpar exclusivamente a las empresas y que ambas partes trabajen “mancomunados”. Con las tierras ya en vías de recuperar la posesión plena, Luque adelantó que ahora estudia lanzar un emprendimiento inmobiliario en ese predio.