La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma al Código Contravencional provincial que introduce sanciones para los padres o tutores de alumnos que incurran en acoso escolar. Las penas van desde multas económicas hasta 30 días de arresto, en caso de que los adultos responsables no presten colaboración para resolver la situación.

La medida representa un cambio significativo en la estrategia de las autoridades educativas y judiciales para combatir el bullying en las escuelas salteñas. La diputada Socorro Villamayor, durante el debate en el recinto, aclaró que la reforma no implica una aplicación automática de la prisión para los tutores. El objetivo principal, explicó, es garantizar que los adultos a cargo asuman un compromiso efectivo frente a esta problemática.

El proyecto, presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue discutido y modificado por distintas bancas antes de su aprobación. Tras el visto bueno de los diputados, el texto fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. Villamayor manifestó que la medida procura evitar que, ante una notificación formal de la escuela, los padres ignoren su deber de intervenir y prevenir la repetición de episodios de acoso.

Según lo debatido en la legislatura, el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves ocurridos en otras provincias. Durante la discusión parlamentaria, varios diputados hicieron hincapié en el agravamiento de la violencia en los entornos escolares y la necesidad de actualizar los instrumentos legales para proteger a los menores.

La reforma establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos. El arresto de hasta 30 días quedará como última instancia y podrá ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.

El caso de Santa Fe que encendió las alarmas

Uno de los episodios que intensificó el debate sobre la responsabilidad adulta en el acoso escolar ocurrió hace dos semanas en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió del baño y abrió fuego contra sus compañeros. Uno de los disparos mató a Ian Cabrera, un niño de 13 años.

Hasta el momento, las autoridades no pudieron confirmar que ambos se conocieran. En principio, se sabe que no tenían relación y que Cabrera no estuvo vinculado con las agresiones que el atacante habría sufrido. Testimonios indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial, era víctima de bullying sistemático.

Fuentes oficiales aseguraron que el tirador no tenía episodios de violencia previos. Sin embargo, los primeros indicios de la investigación apuntan a su entorno familiar. Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de Federación. Los investigadores mencionaron un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar, siendo la ausencia del padre el problema señalado.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo” y “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”. Este caso, junto con otros episodios de violencia escolar, motivó a los legisladores salteños a avanzar en una reforma que busca involucrar activamente a los padres en la prevención del acoso.