El diputado nacional de la UCR por Tucumán, Mariano Campero, salió al cruce de las acusaciones que lo señalan como uno de los legisladores oficialistas que habría accedido a créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación. En un descargo publicado en sus redes sociales, calificó las imputaciones como “maliciosas” y negó haber recibido cualquier tipo de beneficio irregular de la entidad bancaria.

La polémica estalló el miércoles, cuando diputados opositores solicitaron una investigación sobre la entrega de préstamos a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza y aliados. La información se difundió a través del sitio “¿Cuánto deben?”, una herramienta desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky que permite visualizar la evolución mensual de las deudas de figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central.

En su defensa, Campero enumeró cinco argumentos. El primero apuntó a la naturaleza del crédito: se trata de una línea hipotecaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), accesible a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. El diputado sostuvo que tanto el número de crédito como el banco otorgante y la documentación respaldatoria son públicos y verificables por cualquier persona.

En segundo lugar, rechazó que un préstamo hipotecario pueda ser considerado un “privilegio político”. Señaló que se trata de una deuda que permite acceder a una vivienda, pagadera a 20 o 30 años, y equiparó su costo al de un alquiler. “Confundir un crédito hipotecario con un beneficio es intentar desinformar o no conocer cómo funciona el sistema financiero”, afirmó.

El diputado reveló que obtuvo el crédito en mayo del año pasado por un monto de 275 millones de pesos, con el cual compró su primera vivienda familiar en la ciudad tucumana de Yerba Buena. Aclaró que, debido a la actualización por inflación de las UVAs, la deuda asciende hoy a 322 millones de pesos.

Como cuarto punto, explicó que el proceso de solicitud de un préstamo hipotecario —presentación de documentos, tasación y aprobación— demanda entre ocho meses y un año. Por lo tanto, el momento del otorgamiento, sostuvo, “nada tiene que ver con los temas que se discutían en el Congreso por aquel entonces; fue fortuito”.

Finalmente, Campero dirigió sus críticas al peronismo, al que acusó de “alimentar la polémica” y de hacer pública información sobre su patrimonio. Defendió que todos los funcionarios y legisladores deben rendir cuentas sobre sus bienes, pero cuestionó la forma en que se difundieron los datos.

El comunicado del Banco Nación y otros beneficiarios

El Banco Nación emitió un comunicado en el que aseguró que el proceso de acceso a los créditos es “homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, fuentes oficiales indican que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con condiciones más favorables que las ofrecidas a los clientes regulares.

Además de Campero, figuran en la lista de funcionarios señalados: Juan Pablo Carreira (director nacional de Comunicación Digital), con un crédito de $112.948.000; Emiliano José Mongilardi (director de YPF), con $309.507.000; y los diputados Alejandro Bongiovanni y Lorena Villaverde, ambos de La Libertad Avanza. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de ellos se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones.