El conflicto judicial entre el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y la diputada nacional Soledad Molinuevo sumó este miércoles 1 de abril un nuevo capítulo, tras una presentación realizada por la defensa del mandatario ante la Justicia provincial. El escrito sostiene que la legisladora no cumplió con la orden de retirar publicaciones de sus redes sociales y solicita medidas para forzar su acatamiento.

La denuncia fue impulsada por la abogada Paula Morales Soria, representante legal del gobernador, en el marco de una causa iniciada a mediados de marzo. Según el planteo, los contenidos señalados como agravantes en una resolución judicial del 15 de marzo continúan visibles, pese a que el juez interviniente, Pedro Cagna, había dispuesto su eliminación mediante una medida de carácter autosatisfactivo.

El origen del litigio se remonta a publicaciones realizadas por Molinuevo tras el ataque al diputado provincial Federico Pelli en la ciudad de La Madrid. En ese contexto, la legisladora vinculó el hecho con lo que definió como “prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política” y mencionó al gobernador Jaldo y al ministro del Interior, Darío Monteros, al advertir sobre posibles agresiones contra su persona, su familia y su espacio político.

En su fallo, el magistrado ordenó retirar los posteos cuestionados, aunque rechazó el pedido de disculpas públicas que también había sido solicitado por el mandatario provincial. Posteriormente, la defensa de Molinuevo, encabezada por el abogado Ricardo José Tomás Paz, presentó un recurso para suspender los efectos de la resolución. Si bien el juez desestimó esa solicitud, concedió la apelación, lo que implica que la decisión será revisada por una instancia superior.

En paralelo, la diputada planteó la incompetencia de la Justicia provincial y solicitó que el expediente sea remitido al fuero federal. Argumentó que sus expresiones se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que su condición de legisladora nacional involucra garantías constitucionales específicas.

Desde la representación legal de Jaldo sostienen que la apelación no suspende la obligación de cumplir con la orden judicial vigente. En ese sentido, Morales Soria solicitó que el juzgado intime a la diputada a eliminar las publicaciones de manera inmediata, incluso habilitando días y horas inhábiles. Además, pidió que se fije un plazo bajo apercibimiento de sanciones económicas y que, en caso de persistir el incumplimiento, se remitan las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para evaluar la posible comisión del delito de desobediencia judicial.

El avance del proceso judicial generó una reacción política por parte de La Libertad Avanza Tucumán. A través de un comunicado, el espacio expresó su rechazo a la nueva presentación del gobernador y calificó la situación como un “avance contra las instituciones de la República”.

En el pronunciamiento, el sector señaló que la acción judicial implica un intento de censura y cuestionó la intervención de la Justicia provincial en el caso. Además, sostuvo que el episodio se inscribe en una serie de hechos que, según afirmaron, afectan a dirigentes del espacio, incluyendo situaciones de violencia, allanamientos y acciones que interpretan como persecución política.

La Libertad Avanza manifestó su respaldo a Molinuevo y reafirmó su postura en defensa de la libertad de expresión, la división de poderes y las garantías institucionales. “No nos van a callar”, concluye el comunicado difundido este miércoles.