El Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió abrir un Juicio de Responsabilidad contra el ex interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz, y el gerente de Personal del organismo, Héctor Javier Díaz, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de comisiones de servicio. La decisión, formalizada mediante la Cédula Nº 545/26 notificada el pasado 16 de marzo, otorga un plazo de 20 días para la presentación y producción de pruebas por parte de los involucrados.

El proceso, impulsado por los abogados fiscales Martín Colomo y Agustín Gollan, tiene como eje central el análisis de las adscripciones de personal de la entidad financiera hacia distintos organismos del Estado provincial. Desde el organismo de control sostienen que la investigación busca determinar responsabilidades tanto en los agentes que fueron comisionados como en quienes autorizaron esas funciones.

El origen de la investigación

Las actuaciones tienen su punto de partida en auditorías realizadas durante 2022 y 2023 en la Caja Popular de Ahorros. En esos relevamientos, los inspectores detectaron observaciones vinculadas a la falta de documentación obligatoria en los legajos del personal en comisión, particularmente la ausencia de informes cuatrimestrales exigidos por los actos administrativos que habilitaron esas funciones.

A ello se sumó la advertencia sobre situaciones en las que personal contratado por la entidad se desempeñaba en otros organismos públicos, lo que motivó la apertura de una comprobación sumaria para determinar la eventual existencia de irregularidades con impacto en el erario público.

Con esos elementos, el Tribunal, con la firma de su titular Miguel Chaiben Terraf y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, avanzó hacia la sustanciación del proceso para deslindar responsabilidades administrativas y eventualmente patrimoniales de los funcionarios y agentes involucrados.

Reacción gremial

La decisión generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. Desde La Bancaria, que tiene como máximo referente local al diputado Carlos Cisneros (PJ), cuestionaron duramente el avance del proceso contra José Díaz. "Sin palabras lo que hace Terraf", señalaron fuentes del gremio al ser consultadas sobre la medida.

Además, desde el sindicato deslizaron una interpretación política del caso y apuntaron directamente al esquema de poder provincial. "El gobernador Jaldo eligió a Miguel Terraf y a Edmundo 'Pirincho' Jiménez para gobernar", indicaron a través de un comunicado de prensa, en una frase que sugiere tensiones en la relación entre el gremio y el oficialismo provincial.

En ese marco, desde el sector confirmaron que brindarán asistencia legal a los trabajadores que se vean alcanzados por la investigación. "Vamos a asistir jurídicamente a todos los empleados que se acerquen al gremio por este conflicto", precisaron.

El universo bajo análisis

La apertura del Juicio de Responsabilidad pone bajo revisión un amplio listado de empleados de la Caja Popular que se encuentran o se encontraban en comisión de servicio en distintas reparticiones estatales. Durante la gestión de José Díaz, se habría remitido la nómina detallada de los agentes y sus destinos, documentación que ahora forma parte del expediente.

Entre los nombres que figuran en los registros oficiales de la Caja Popular se encuentran Luz María Sturgeon Gil, María Celia Ance, Carlos Antonio Cano, Leandro Toll, Marcos Damián Blanco, Inés del Valle Alonso, Delia Marisa Sanguino, Carlos Alberto Castillo, Mariana Shehadi, Nilsa Elizabeth Ponce de Páez, Marcela Alejandra Taddei Martínez, Patricia Sami, Eliana María Orellana, Baltasar Enrique Rengel García, Natalia María Terán Nougués, María Luciana Andina, Daniel Alberto González, Marta Cecilia Juri, Carlos Enrique Lazarte, Mario Luciano Giri, José Adolfo Alfaro, Alberto Federico García Biagosch, Christian Damián Brito, María Gabriela Frías, Alejandra Helguera, Luis Ramiro Balmori, Mariana Parajón López de León, José Luis Fernández, Verónica Karina Guerrero, Laura Fabiana Rodríguez, Esteban Martín Lorenzo, Florencia Agliano, Mónica Teresita Moya, Federico José Fernández, Juan Antonio Mercado, Adlemo Rosello, Isaías Eduardo Bovi, Gustavo Eduardo Durán, Claudia Closas, Gonzalo Jesús Alderete, Claudia María Frías de Touceda, Juan José Sirimaldi, Luis María Salvatierra, María Eugenia Aldax García, Silvia Edith Medina y Paula María Penna.

La investigación determinará en los próximos meses si existieron responsabilidades administrativas o patrimoniales en cada uno de estos casos, en un proceso que promete extenderse y mantener en vilo a la estructura de la Caja Popular.