El nombre de National Shipping S.A., una empresa con más de dos décadas de trayectoria en el transporte fluvial de combustibles, volvió a instalarse en el centro de la escena política luego de que la diputada Marcela Pagano la mencionara en una denuncia por presunto conflicto de intereses presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el escrito, la naviera habría sido cliente de la consultora +Be, vinculada a Bettina Angeletti, esposa del funcionario, lo que reavivó las preguntas sobre los vínculos entre la actividad privada y la función pública.

La compañía forma parte del selecto grupo de armadores que operan el transporte de hidrocarburos por vía fluvial, un negocio clave para la logística energética del país. Durante más de veinte años, National Shipping participó del traslado de combustibles mediante barcazas entre Santa Fe y Barranqueras, en la provincia de Chaco, dentro de uno de los corredores más estratégicos de la hidrovía Paraná-Paraguay.

El núcleo familiar detrás de la naviera

El control de National Shipping está históricamente vinculado a la familia Virasoro, un apellido con fuerte presencia tanto en la conducción empresaria como en entidades del sector naviero. Cecilia Virasoro es señalada en el ámbito portuario como una de las propietarias de la compañía y, además, ocupa la secretaría de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), la entidad que agrupa a los principales armadores de la marina mercante nacional.

En la estructura de esa federación también aparecen otros nombres asociados a la naviera. Marisa Plaza, representante de National Shipping, se desempeña como protesorera de FENA. Juan Albarenque y Sergio Giatti, ambos vinculados a la empresa, ocupan cargos como vocales dentro de la misma entidad sectorial. La presencia simultánea de ejecutivos de la firma en puestos de representación empresarial refuerza el peso específico de la compañía dentro del negocio del transporte fluvial.

En paralelo, diversas referencias del sector identifican a Federico Virasoro como director y figura visible de la empresa durante los años en que National Shipping consolidó su presencia en el mercado del transporte de hidrocarburos.

Un actor consolidado en la hidrovía

Durante años, la naviera operó servicios de transporte de combustibles utilizando barcazas y remolcadores a lo largo de la hidrovía. Ese segmento constituye uno de los eslabones más sensibles de la logística energética nacional, ya que conecta terminales de refinación con puntos de distribución en el litoral argentino.

La empresa se afianzó en ese circuito durante más de dos décadas, en un mercado caracterizado por un número reducido de operadores y contratos de largo plazo. Su permanencia en el rubro le permitió acumular experiencia y posicionarse como un actor relevante dentro del entramado logístico que abastece de combustibles a diversas regiones del país.

Influencia sectorial y vínculos institucionales

Más allá de su actividad comercial, National Shipping mantiene influencia dentro del entramado empresarial de la marina mercante argentina a través de su participación en cámaras y federaciones del sector. La Federación de Empresas Navieras Argentinas, donde confluyen los principales armadores, funciona como interlocutor institucional ante el Estado en temas regulatorios, normativa marítima y políticas vinculadas al transporte fluvial.

La presencia de directivos de la empresa en cargos dentro de esa entidad refuerza su capacidad de incidir en las discusiones que afectan al sector y de mantener un vínculo directo con los organismos públicos que regulan la actividad.

El regreso a la agenda política

El nombre de National Shipping reapareció en el debate público luego de que la diputada Marcela Pagano presentara una denuncia por presunto conflicto de intereses contra Manuel Adorni. En esa presentación se menciona a la consultora +Be, vinculada a su esposa Bettina Angeletti, y a las empresas privadas que habrían contratado sus servicios.

Según consta en la denuncia, entre los clientes de la consultora figura National Shipping, una compañía con fuerte presencia en el transporte fluvial de combustibles. La presentación parlamentaria plantea que esa combinación de vínculos –una consultora privada ligada a la familia del funcionario y compañías con negocios en sectores regulados– podría abrir un frente de posibles incompatibilidades o relaciones cruzadas entre la esfera pública y la privada.

En ese contexto, la naviera volvió a quedar bajo la lupa pública, mientras se multiplican los interrogantes sobre su estructura de propiedad, su influencia dentro del sector naviero y los vínculos empresariales que rodean su actividad. La denuncia, que aún debe ser evaluada por los cuerpos legislativos correspondientes, reinstaló en la agenda el debate sobre los límites entre los negocios privados y la función de los funcionarios públicos.