La carrera por la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) podría definirse en los tribunales antes de que los estudiantes y docentes emitan su voto. El juez federal Guillermo Díaz Martínez analiza en estas horas dos presentaciones judiciales que buscan establecer si el actual rector, Sergio Pagani, está habilitado para presentarse a un nuevo mandato consecutivo, luego de la reforma del estatuto universitario que limitó a dos períodos la duración de las autoridades.

El magistrado ya tiene en su poder un informe institucional solicitado a la propia universidad sobre el proceso electoral en curso, documentación que resulta clave para resolver tanto una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad como una medida cautelar presentadas por dos decanos de la casa de estudios. La decisión que adopte en las próximas horas podría modificar el escenario electoral y definir quiénes serán finalmente los candidatos que competirán por el rectorado.

El planteo de los decanos

La presentación judicial fue promovida por Miguel Ángel Cabrera, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y Virginia Abdala, decana de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, quienes además se postulan como candidatos a rector y vicerrectora respectivamente. Con el patrocinio del abogado Gonzalo Casas, los dirigentes universitarios recurrieron a la Justicia Federal para que sea el tribunal el que determine la interpretación correcta del nuevo Estatuto de la UNT.

En concreto, los demandantes solicitan que se declare que los artículos 17 y 190 de la normativa vigente impiden que el actual rector pueda postularse para un tercer mandato consecutivo. Según su interpretación, el estatuto aprobado por la Asamblea Universitaria establece que solo pueden ejercerse dos períodos consecutivos en la conducción de la universidad y fija que los mandatos que se encontraban en su segundo período al momento de la reforma culminarán en mayo de 2026.

Los decanos sostienen que la falta de claridad sobre esta cuestión genera un estado de incertidumbre jurídica que afecta directamente el proceso electoral universitario. En el escrito presentado ante el juzgado advierten que la eventual habilitación de la candidatura del rector "condiciona el escenario electoral en el que los candidatos deben competir y afecta la igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos políticos universitarios".

La urgencia de una cautelar

Además de la acción declarativa, los demandantes solicitaron al juez una medida cautelar que permita intervenir antes de que el proceso electoral avance hacia la inscripción formal de candidaturas. El objetivo es evitar que la situación de incertidumbre influya en la organización de los comicios y que se tomen decisiones administrativas que puedan habilitar una postulación que, según sostienen, estaría vedada por el propio estatuto.

Antes de resolver sobre ambos planteos, el juez Díaz Martínez requirió a la Universidad Nacional de Tucumán un informe institucional detallado sobre el proceso electoral en curso, incluyendo el cronograma y la organización de los comicios. Esa documentación ya fue remitida por la casa de estudios y forma parte del expediente que el magistrado analiza para tomar una decisión.

El debate de fondo

La controversia judicial tiene su origen en la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la UNT. Según el relato de los decanos que impulsan la acción, durante esa sesión la asamblea votó por amplia mayoría limitar a dos períodos consecutivos la participación de una misma fórmula en el rectorado. De hecho, el propio rector Pagani habría anunciado en aquella oportunidad el resultado de la votación que rechazaba la posibilidad de un tercer mandato.

Ahora, con el proceso electoral en marcha y las candidaturas en plena discusión dentro de la comunidad académica, la palabra final podría quedar en manos de la Justicia Federal. En el ámbito judicial se espera que el juez Díaz Martínez se pronuncie en las próximas horas sobre la admisibilidad de los planteos y la eventual procedencia de la cautelar solicitada por los decanos. Una resolución favorable a los demandantes podría modificar sustancialmente el mapa electoral de la principal universidad pública del norte argentino y sentar un precedente sobre la interpretación de los límites a la reelección en las casas de altos estudios.