El Tribunal de Cuentas de Tucumán decidió iniciar una investigación administrativa para determinar si existieron irregularidades en la registración de ingresos de la comuna rural de El Cadillal, actualmente conducida por el delegado comunal Dante Delgado. La medida se adoptó luego de que un exfuncionario denunciara posibles inconsistencias en la documentación vinculada a la recaudación comunal.

La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo N° 651, firmado el miércoles 11 de marzo, a través del cual el organismo dispuso la realización de una Comprobación Sumaria destinada a analizar si la documentación respaldatoria de los ingresos presenta anomalías y si estas pudieron generar un perjuicio económico para el Estado.

La denuncia que originó la investigación

La actuación del organismo de control se originó a partir de una presentación realizada por Julio Ángel Fuentes, quien se desempeñó como secretario habilitado de la comuna. En su denuncia, el exfuncionario detalló irregularidades que habría detectado mientras realizaba tareas vinculadas con el control de la recaudación y la revisión de balances bimestrales enviados al Tribunal de Cuentas.

De acuerdo con lo señalado en el expediente, Fuentes indicó que durante esas verificaciones detectó posibles inconsistencias entre los recibos emitidos por la Oficina de Rentas de la comuna y los documentos que finalmente fueron incorporados a las rendiciones de cuentas.

En ese contexto, el denunciante manifestó haber observado comprobantes duplicados y diferencias entre los recibos originales y aquellos incluidos en los balances presentados ante el organismo de control.

Inconsistencias en recibos y rendiciones

Las actuaciones administrativas indican que las irregularidades habrían sido advertidas durante la revisión de la documentación que respalda los balances comunales.

Según consta en el expediente, al comparar los comprobantes originales con los documentos presentados en las rendiciones de cuentas, se detectaron recibos cuyos datos no coincidían con los registros oficiales rendidos ante el Tribunal de Cuentas.

El denunciante también dejó constancia de que realizó comunicaciones internas para advertir sobre la situación. Esas observaciones habrían sido dirigidas al delegado comunal Dante Delgado antes de que el caso fuera puesto en conocimiento del organismo de control.

Entre los documentos incorporados a la investigación figuran notas en las que se enumeran diversos comprobantes que presentarían inconsistencias respecto de los registros originales incluidos en los balances.

En esas comunicaciones se señala que determinados recibos no coinciden con la documentación rendida oficialmente, lo que —según el análisis preliminar del Tribunal— podría indicar irregularidades en el registro de los ingresos o la eventual utilización de documentación no auténtica.

Posible afectación a fondos públicos

El Tribunal de Cuentas advirtió en el acuerdo que las situaciones descriptas podrían tener implicancias relevantes en materia administrativa.

En particular, el organismo señaló que, de confirmarse las inconsistencias detectadas, podría tratarse de irregularidades en la percepción o registración de recursos públicos, con la posibilidad de que ello implique un perjuicio para la hacienda estatal.

Por ese motivo, el Tribunal consideró necesario avanzar con una investigación formal que permita determinar la autenticidad de los documentos involucrados y establecer con precisión qué ocurrió con los registros de ingresos comunales.

Las facultades del Tribunal de Cuentas

En los fundamentos de la resolución, el organismo recordó que su actuación se encuentra respaldada por las disposiciones de la Constitución de Tucumán y por la Ley de Administración Financiera N.º 6970, normas que le asignan la responsabilidad de ejercer el control externo sobre la administración de los recursos públicos.

Entre sus funciones se encuentra la investigación de hechos, actos u omisiones que puedan provocar perjuicios al patrimonio del Estado.

Tras analizar la documentación incorporada al expediente, el Tribunal concluyó que existen elementos que justifican la apertura de una investigación administrativa.

El acuerdo sostiene que las constancias reunidas hasta el momento permiten advertir indicios que, en principio, podrían revelar inconsistencias en la documentación que respalda los ingresos comunales, especialmente en relación con la emisión y registración de recibos oficiales.

Apertura de una comprobación sumaria

Con base en esos elementos, el organismo resolvió avanzar con la sustanciación de una Comprobación Sumaria dentro del ámbito de la Comuna Rural de El Cadillal.

El objetivo del procedimiento será determinar si existieron irregularidades administrativas y, en caso de comprobarse, establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a funcionarios o agentes involucrados.

La investigación se desarrollará en la sede del Tribunal de Cuentas y estará a cargo de la abogada fiscal María Celina Zanoni, quien fue designada como instructora del proceso.

El acuerdo establece que la funcionaria contará con todas las facultades previstas por la normativa vigente para llevar adelante la investigación y reunir los elementos necesarios para el análisis del caso.

Asimismo, el organismo fijó un plazo de 60 días para que la instructora presente las conclusiones de la comprobación sumaria.

La resolución fue firmada por los vocales del Tribunal Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, en ausencia del presidente del organismo, Miguel Chaiben Terraf, quien se encontraba de licencia al momento de adoptarse la decisión.