La Justicia federal dispuso el procesamiento del empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita tributaria vinculada a la explotación del Ingenio La Trinidad. La medida fue dictada por el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, quien también resolvió avanzar contra otras cuatro personas señaladas como integrantes de la presunta estructura investigada.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el organismo recaudador nacional, actualmente denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El expediente analiza posibles maniobras de evasión impositiva y la presunta retención indebida de aportes correspondientes al sistema de seguridad social vinculados con la actividad productiva del ingenio.

Quiénes fueron procesados

Además de Ansonnaud, el magistrado resolvió procesar a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata. En la resolución judicial, todos fueron considerados presuntos coautores de los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario.

Según el fallo, los elementos reunidos durante la investigación permitirían inferir la existencia de una estructura organizada destinada a cometer irregularidades fiscales de manera sostenida.

El juez explicó que el procesamiento constituye una etapa procesal en la que no se requiere certeza absoluta sobre los hechos investigados, sino un grado de probabilidad suficiente basado en las pruebas reunidas durante la instrucción.

La investigación del Ministerio Público Fiscal

La hipótesis central de la causa fue desarrollada por la fiscalía federal a cargo de Agustín Chit. Según la acusación, el esquema investigado habría comenzado a operar al menos desde el año 2010.

De acuerdo con la investigación, distintas sociedades comerciales habrían sido utilizadas de forma sucesiva para continuar con la explotación del Ingenio La Trinidad mientras se eludían obligaciones fiscales y previsionales.

Entre las firmas mencionadas en el expediente figuran MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y la empresa Los Chaguares SA.

Según la acusación fiscal, estas estructuras empresariales habrían permitido mantener la actividad productiva mientras las sociedades anteriores quedaban sin recursos para afrontar sus compromisos tributarios.

Irregularidades investigadas

La investigación judicial analiza diversas maniobras presuntamente vinculadas a la comercialización de azúcar y al cumplimiento de obligaciones fiscales.

Entre las irregularidades señaladas por el Ministerio Público Fiscal aparecen ventas de azúcar que no habrían sido registradas, la utilización de remitos considerados irregulares y la participación de contribuyentes catalogados como no confiables por el organismo fiscal.

La causa también examina la posible omisión en el pago de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social.

Además, se investiga la eventual retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados, situaciones que, según la acusación, habrían provocado un perjuicio económico para el Estado.

Hallazgos durante los allanamientos

Uno de los elementos relevantes mencionados en la resolución judicial surge de los allanamientos realizados en agosto de 2018.

Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron documentación contable vinculada a la actividad del ingenio y detectaron un depósito que no había sido declarado ante las autoridades.

En ese lugar se encontraron 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilogramos cada una que, según el fallo, no contaban con respaldo documental. La resolución también señala que previamente la empresa había negado la existencia de depósitos externos.

El rol atribuido a cada imputado

En el análisis de las responsabilidades individuales, el juez consideró que Ansonnaud habría tenido un papel central dentro de la operatoria investigada.

La resolución menciona su condición de propietario del ingenio, su participación directiva en varias de las sociedades mencionadas en el expediente y su vinculación con el fideicomiso que aparece en la investigación.

Según el fallo, su intervención también se evidenciaría en la firma de remitos y órdenes de entrega de mercadería detectadas durante el proceso investigativo.

En cuanto al resto de los imputados, el magistrado describió distintos roles dentro de la estructura empresarial bajo análisis. Gasep y Seoane habrían ocupado cargos directivos en algunas de las empresas vinculadas a la explotación del ingenio.

Fogliata, en tanto, se desempeñó como administradora fiduciaria del fideicomiso mencionado en la causa, mientras que Kargachin habría actuado como contador de varias de las firmas involucradas.

Embargos sobre los bienes

La resolución judicial también dispuso medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.

En el caso de Ansonnaud, el embargo fue fijado en 1.000 millones de pesos. Para Gasep, Fogliata, Seoane y Kargachin, el monto establecido fue de 700 millones de pesos para cada uno.

Estas medidas buscan garantizar el eventual cumplimiento de sanciones económicas en caso de que el proceso avance hacia una condena.

El delito que investiga la Justicia

El delito de asociación ilícita tributaria contempla penas de entre tres años y seis meses y diez años de prisión para quienes integren una organización dedicada a cometer delitos fiscales.

La normativa establece además que, cuando se trata de jefes u organizadores de la estructura, el mínimo de la pena puede elevarse a cinco años de prisión.

Se trata de una figura penal autónoma, lo que implica que la eventual regularización de deudas fiscales no elimina la responsabilidad penal por la conformación de una organización destinada a cometer delitos tributarios.

La posición de la defensa

Tras conocerse la acusación fiscal, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, afirmó que su cliente no mantiene deudas con el fisco.

Según explicó, tanto las obligaciones personales como las correspondientes a sus empresas se encuentran incluidas en un plan de pago de moratoria y blanqueo que —según indicó— se cumple regularmente con la aprobación de ARCA.

Luego de que se conociera el procesamiento, el letrado adelantó que la defensa apelará la resolución judicial al considerar que la medida “debe ser revisada para garantizar el respeto del orden jurídico y la seguridad jurídica”.

Próximas etapas del proceso

El procesamiento constituye una etapa intermedia dentro del proceso penal, en la que el juez considera que existen elementos suficientes para sostener la investigación contra los imputados.

A partir de esta decisión, la causa continuará su trámite en las instancias posteriores del proceso judicial, donde se definirá si el expediente avanza hacia la realización de un juicio oral.