El vicegobernador Miguel Acevedo recibió este jueves en su despacho a la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Adriana Najar, para avanzar en el análisis del proyecto de Ley de Educación Inclusiva remitido por el Poder Ejecutivo. La iniciativa propone un cambio estructural en el acompañamiento pedagógico para estudiantes con discapacidad y busca poner fin a la precariedad laboral de los docentes de apoyo.

En el marco de la agenda parlamentaria, el Poder Ejecutivo puso en consideración de la Legislatura un proyecto que busca reorganizar el sistema de apoyo escolar destinado a alumnos en situación de discapacidad. La iniciativa declara como prioridad provincial garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para niños, niñas y adolescentes dentro del sistema obligatorio, promoviendo su autonomía pedagógica.

Tras la reunión mantenida esta mañana con el vicegobernador, la legisladora Adriana Najar calificó la propuesta como "muy positiva" y explicó cuáles son los ejes centrales que la motivan. Según detalló, uno de los puntos medulares del texto es la estabilidad laboral para los docentes integradores, un reclamo histórico del sector.

"Lo fundamental de este proyecto es que los docentes integradores ya no van a ser designaciones temporarias o a término", sostuvo Najar, al tiempo que remarcó que la medida permitirá fortalecer los equipos de apoyo que trabajan diariamente en las aulas con estudiantes que requieren acompañamiento especial.

Desafíos en la implementación y mesas de consulta

A pesar del respaldo inicial a la iniciativa, la parlamentaria también advirtió sobre la necesidad de realizar un análisis pormenorizado de su implementación. Najar señaló que la matrícula de estudiantes con discapacidad suele presentar variaciones significativas, lo que obliga a proyectar con precisión la cantidad de profesionales necesarios.

"Tenemos que analizar si las docentes van a ser designadas mediante padrón y cuántos niños en proceso de inclusión tendremos en cada escuela y en cada grado", explicó la legisladora, en referencia a los criterios que deberán definirse para la asignación de los recursos humanos.

En ese sentido, Najar adelantó que antes de que la Comisión de Educación emita el dictamen correspondiente, promoverá la realización de encuentros consultivos con diversos sectores vinculados a la temática. La intención es convocar a padres de estudiantes con discapacidad, docentes del área y especialistas del ámbito judicial, quienes podrán aportar miradas complementarias al texto original.

"Ellos son los actores principales en este proyecto de ley", concluyó la diputada, al fundamentar la necesidad de alcanzar un consenso amplio que enriquezca la norma y garantice su efectividad una vez sancionada.