El staff del Fondo Monetario Internacional no ha elevado al Directorio el reporte con las recomendaciones para aprobar la revisión del programa vigente, un trámite que suele resolverse en plazos más acotados. La demora enciende alarmas en el gobierno, que necesita los fondos en un contexto de negociación por el cumplimiento de las metas de reservas.

El 12 de febrero último, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional cerraba su visita a Buenos Aires con un comunicado que dejaba entrever avances en las negociaciones. Un mes después, el silencio es la única constante. El equipo de especialistas del organismo aún no ha remitido al Directorio el reporte con las conclusiones y las recomendaciones para la aprobación de la revisión del programa en curso, un paso indispensable para destrabar un desembolso de US$1.000 millones previsto en el acuerdo.

El procedimiento habitual establece que, una vez finalizadas las reuniones in situ, los equipos técnicos deben elevar un informe detallando el grado de cumplimiento de las pautas acordadas y sugiriendo los pasos a seguir. La demora en este trámite, que suele cumplirse en cuestión de días o un par de semanas, es interpretada por analistas y fuentes del mercado como una señal de que existen disidencias internas que deben ser resueltas antes de someter el caso a la consideración del Directorio.

Pese a la dilación, en el entorno económico confían en que la aprobación no correría peligro definitivo, en gran medida por el respaldo político explícito que la administración de Javier Milei recibió desde la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, el principal accionista del organismo. Sin embargo, el alargamiento de los tiempos burocráticos expone diferencias de fondo que el gobierno deberá sortear para acceder a los fondos.

El nudo de la discusión se encuentra en la acumulación de reservas internacionales, uno de los puntos más sensibles del acuerdo. El FMI viene exigiendo un sendero de acumulación que el gobierno intentó cumplir con el plan lanzado a principios de enero. No obstante, las pautas fijadas para diciembre de 2025 no habrían sido alcanzadas, lo que obligaría al organismo a otorgar una dispensa (waiver) para habilitar la continuidad del programa.

El desvío en la meta de reservas a fin del año pasado sería de considerable magnitud. De acuerdo con estimaciones de privados y fuentes cercanas a la negociación, la brecha rondaría los US$9.000 millones, un número que explica las resistencias internas en el staff técnico del FMI a la hora de recomendar la aprobación sin mayores precisiones sobre el plan de ajuste.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa un cambio en las reglas de juego. El acuerdo actual establece metas trimestrales, pero el funcionario viene reclamando en diferentes apariciones públicas que las pautas pasen a ser anuales, lo que otorgaría mayor margen de maniobra a la política económica. La propuesta, que implica una flexibilización del esquema de monitoreo, sería uno de los puntos que estaría trabando la confección del reporte por parte del staff.