El Poder Ejecutivo nacional oficializó esta madrugada, a través del decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, la Ley 27801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa, que fue sancionada por el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, introduce modificaciones centrales en el sistema de justicia para menores, entre las que se destaca la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años .

El texto legal establece que el régimen de penas para adolescentes deberá estar orientado "siempre a la educación y resocialización", con el objetivo de que el imputado "obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada". Además, busca disminuir el riesgo de reincidencia en la comisión de nuevos delitos . La norma enfatiza que la privación de la libertad será "el último recurso a aplicar y por el tiempo más breve posible", y prohíbe de manera expresa la aplicación de penas perpetuas o de carácter indefinido, así como la imposición de antecedentes penales permanentes .

En cuanto a las condiciones de detención, la ley ordena que, cuando sea indispensable el encierro, el alojamiento de los adolescentes deberá realizarse en dependencias especialmente acondicionadas para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo. Queda terminantemente prohibido alojar a menores junto a personas mayores de edad .

La normativa también impone plazos procesales estrictos. Establece que el proceso deberá tramitarse con premura, priorizando los casos en los que el imputado se encuentre detenido con prisión preventiva. "La dilación injustificada a contar desde la intimación del hecho al adolescente imputado hará responsable al magistrado interviniente por falta grave", advierte el texto, que prevé la remisión de antecedentes al ámbito disciplinario correspondiente .

Derechos de las víctimas y responsabilidad civil

Uno de los ejes de la nueva legislación es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas y personas perjudicadas por hechos ilícitos cometidos por adolescentes. La ley dispone que la tutela de los intereses de la víctima debe ser garantizada durante todo el proceso penal juvenil, asegurando la posibilidad de ser informada sobre el avance de la causa, de participar activamente en las etapas procesales y de acceder a mecanismos de reparación .

Las víctimas gozarán de derechos y garantías procesales, incluyendo el derecho a ser escuchadas, a recibir información clara y oportuna sobre sus derechos y a solicitar medidas de protección . En los casos en que los adolescentes resulten responsables de daños, la ley habilita la exigencia de responsabilidad civil a los progenitores o responsables legales, quienes deberán responder patrimonialmente en los términos que fije la sentencia judicial .

Además, se contemplan instancias de conciliación o mediación, siempre que la víctima preste su consentimiento de manera libre e informada y que el tipo de delito lo permita. Estas alternativas buscan resolver conflictos de forma restaurativa y voluntaria, sin menoscabar los derechos de la persona perjudicada .

Inimputables y especialización judicial

Para los casos de menores considerados inimputables, el texto dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil . Asimismo, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil, con el objetivo de garantizar una abordaje adecuado a las particularidades de este grupo etario .

La promulgación de la Ley 27801 constituye un paso clave en la agenda legislativa del oficialismo, que logró sancionar la norma durante el período de sesiones extraordinarias. Con su publicación en el Boletín Oficial, el nuevo Régimen Penal Juvenil entra en vigencia y deberá ser aplicado en todo el territorio nacional .