Tres décadas y media de conducción precaria acumula uno de los organismos clave del Estado provincial. El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), más conocido como Subsidio de Salud, permanece intervenido desde 1990. Le siguen en antigüedad el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), intervenido en 1991, y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), desde 1998. A ellos se suman el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), intervenido en 2000; la Caja Popular de Ahorros, desde 2003; y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept), cuya intervención data de 2024, ya en la gestión actual.

El listado completo de organismos que funcionan bajo régimen de excepción fue puesto en el centro de la escena por el gobernador Osvaldo Jaldo durante su discurso de apertura del 121� período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Allí, el mandatario trazó una hoja de ruta para el año en curso: "Como el año 25 ha sido el año de la obra pública, el año 26 tiene que ser el año de las transformaciones en los diferentes ámbitos de las instituciones en la provincia de Tucumán", afirmó.

Un anuncio con antecedentes de promesas incumplidas

La decisión de avanzar hacia la normalización de estos entes no es nueva en el discurso político tucumano. Durante la gestión de Juan Manzur surgió el compromiso de regularizar las intervenciones, aunque finalmente no se concretó. Más atrás en el tiempo, en 2007, la Legislatura llegó a sancionar una ley que establecía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el entonces gobernador José Alperovich la vetó.

En el plano judicial, también hubo intentos de forzar la regularización. En abril de 2015, el ex legislador Alberto Colombres Garmendia presentó una acción de amparo ante la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo para solicitar el cese de la intervención del Subsidio de Salud, el Ipvdu y el IPLA. En 2020, la justicia le dio la razón y otorgó 60 días al Poder Ejecutivo para regularizar la situación. El fallo fue recurrido por el gobierno de Manzur y, tras un paso por la Corte Suprema de Tucumán, en 2024 quedó sin efecto la resolución de primera instancia.

El paso concreto: las Juntas de Clasificación Docente

En su alocución del 1 de marzo, Jaldo puso como ejemplo de transformación institucional ya concretada la regularización de las Juntas de Clasificación Docente, que durante 17 años estuvieron integradas exclusivamente por representantes del Poder Ejecutivo. "En pocas palabras: se venía designando a dedo a la docencia en la provincia de Tucumán", fustigó el mandatario, al tiempo que destacó que su gestión logró modificar esa situación.

Ese antecedente, según explicó, sienta las bases para encarar los próximos pasos en materia de reorganización institucional.

Las palabras del gobernador tras el discurso

Consultado por la prensa luego de su exposición en la Legislatura, Jaldo confirmó que viene conversando el tema con el vicegobernador Miguel Acevedo. "La decisión nuestra es tratar de normalizarlos de una vez por todas", aseveró y subrayó que los organismos llevan "muchos años" intervenidos.

El mandatario vinculó este objetivo con el concepto más amplio de "reacomodamiento de las diferentes instituciones del sistema democrático" que impulsará durante 2026. Señaló además que la regularización de la Junta de Clasificaciones es un paso importante, aunque advirtió: "Seguramente que nos quedan muchos otros entes autárquicos que tenemos que normalizarlos".

El mecanismo actual de designaciones

Hoy, las autoridades de estos organismos son designadas directamente por el titular del Poder Ejecutivo mediante decreto, un mecanismo que desde el gobierno reconocen como provisorio pero que se ha perpetuado en el tiempo. El último de estos cambios se produjo en enero, cuando Jaldo designó como interventor de la Caja Popular de Ahorros al contador Guillermo Norry, ex interventor de la Municipalidad de Alberdi, en reemplazo de José Díaz.

Un reclamo con años de insistencia legislativa

La persistencia de las intervenciones ha motivado a lo largo de los años distintos proyectos en la Legislatura. En 2021, el entonces legislador Raúl Albarracín (hoy secretario de la Gobernación) presentó un proyecto de resolución solicitando la normalización del IPLA, donde advertía: "Resulta relevante resaltar que el plazo máximo de intervención del Poder Ejecutivo en el mismo es de 60 días de corrido, siendo que el mismo se encuentra intervenido desde el año 2000, habiéndose superado groseramente el plazo establecido por ley".

Un año después, los parlamentarios Raúl Pellegrini y José María Canelada impulsaron sendos proyectos de ley para ponerle límites de tiempo a intervenciones que, según mencionaron, tomaron carácter de "permanentes" aunque no deberían superar los 120 días.

Las reacciones desde el gabinete

Tras el discurso del gobernador, funcionarios de distintas áreas respaldaron el rumbo trazado. El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó "la determinación que el gobernador ha dejado en un mensaje claro ante los señores legisladores y legisladoras", y valoró el ejemplo utilizado por Jaldo sobre la convivencia de sistemas electorales en Alberdi como muestra de respeto a la inteligencia del electorado.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, por su parte, resaltó el avance de obras públicas estratégicas ejecutadas con fondos provinciales, entre ellas el programa habitacional del Ipvdu, uno de los organismos que Jaldo busca normalizar.

El desafío de concretar una promesa recurrente

La pregunta que surge tras el anuncio es si esta vez la voluntad política expresada por el gobernador logrará sortear los obstáculos que en el pasado impidieron la normalización. La respuesta, por ahora, queda en manos de los acontecimientos que se sucedan a lo largo de 2026, año que Jaldo definió como el momento de "afrontar y enfrentar las transformaciones y las decisiones que toma esta Legislatura".