El Gobierno nacional suspendió este miércoles por un plazo de 15 días los despidos en la empresa Fate y ordenó la reincorporación de los 920 trabajadores que habían sido cesanteados tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta de San Fernando. La medida, adoptada por la Secretaría de Trabajo en el marco de una conciliación obligatoria, busca retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y abrir una instancia de diálogo entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La resolución se activó luego de un encuentro promovido por la cartera laboral entre las partes, en un intento por destrabar el conflicto desatado tras la decisión de la empresa de cerrar su histórica planta, que había permanecido en funcionamiento durante 80 años. Fuentes oficiales indicaron que la conciliación obligatoria implica, además de la suspensión de los despidos, que tanto la empresa como el gremio deberán abstenerse de tomar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral mientras dure el período de negociación.

El Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, emitió un comunicado en el que precisó que, previo a la conciliación, la cartera conducida por Julio Cordero "llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo" entre Fate y el SUTNA. Según el texto oficial, se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque uno de ellos fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación debido a la negativa del sindicato.

El conflicto estalló luego de que la empresa comunicara el cierre definitivo de su planta en San Fernando, una decisión que dejó en la calle a casi un millar de familias y que generó un fuerte impacto en la comunidad industrial de la zona norte del conurbano bonaerense. La medida empresarial fue interpretada por el gremio como un lockout encubierto, mientras que desde la compañía argumentaron problemas estructurales y de rentabilidad que hacían inviable la continuidad de la producción.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano concluyó con un mensaje de cautela: "El Ministerio continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente". De esta forma, el Gobierno busca proyectar una imagen de árbitro en el conflicto, aunque sin comprometerse más allá del plazo de 15 días que establece la conciliación.

Mientras tanto, en las puertas de la planta de San Fernando, los trabajadores mantienen la guardia y expectativa ante la posibilidad de que la mesa de negociaciones logre destrabar un conflicto que, de no resolverse, podría derivar en nuevas medidas de fuerza o en una judicialización del caso.