Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que remita "en forma urgente y detallada" toda la información y documentación respaldatoria de una contratación aprobada por la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, vinculada a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 para la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería.

La iniciativa, impulsada por la diputada Roxana Monzón, solicita conocer, entre otros puntos, el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01. También requiere precisiones sobre fechas clave del proceso, como convocatoria, apertura de ofertas, adjudicación y la emisión de la orden de compra correspondiente.

El proyecto también pide conocer si el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó estudios comparativos o relevamientos previos para sostener el supuesto de "especialidad" que habilitó la contratación directa, así como la inexistencia de otros prestadores idóneos en el mercado. Asimismo, requiere la identificación completa de la entidad adjudicataria, sus autoridades vigentes y los antecedentes contractuales que esa misma entidad haya mantenido con Cancillería en los últimos diez años.

Los detalles de la contratación bajo la lupa

En los fundamentos del proyecto, la diputada Monzón sostiene que la contratación adjudicó un total de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), con CUIT 30-52550539-8, por un plazo de nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente, lo que eventualmente duplicaría el monto comprometido.

El texto agrega que, según el acto administrativo cuestionado, se justificó la decisión bajo el argumento de que la entidad beneficiaria sería el "único prestador" capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en el año 2018 y desarrollado durante ocho años de manera ininterrumpida.

En ese marco, el proyecto de resolución menciona la controversia pública que rodea a esta contratación. Señala que "distintos medios periodísticos" informaron que la AACI es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, afirma que las propias actuaciones administrativas reconocen la existencia de un "vínculo positivo" entre una de las directoras de la asociación y el ministro nacional.

El cuestionamiento al procedimiento de excepción

La resolución presentada en Diputados subraya que se trató de un procedimiento de excepción que, por su propia naturaleza, "restringe la concurrencia y competencia" en el mercado de contrataciones públicas. En ese sentido, reclama conocer los criterios técnicos concretos que sostuvieron la supuesta falta de oferentes alternativos, al tratarse —según plantea el texto— de un servicio educativo con amplia oferta disponible en el mercado.

El proyecto pone especial énfasis en contrastar esta erogación con el contexto fiscal que el propio Gobierno pregona. "No hay plata", sostiene el texto en referencia al discurso oficial, y contrapone el gasto comprometido —imputado al presupuesto del ejercicio 2026— con el deterioro presupuestario que vienen sufriendo áreas sensibles de la administración pública.

Finalmente, el proyecto de resolución cierra con un pedido de transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos que sustentaron esta contratación directa por más de 114 millones de pesos en un contexto de fuerte ajuste sobre otras partidas presupuestarias.