La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó la convocatoria a un nuevo paro general nacional de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Se tratará de la cuarta huelga de la central obrera durante la actual gestión y, a diferencia de las protestas anteriores, no contará con una movilización callejera convocada de manera orgánica, apostando a una parálisis total a través del corte del transporte público.

A la espera de una conferencia de prensa oficial pautada para este miércoles a las 11:00 en la sede histórica de la calle Azopardo para brindar los detalles finales, el sindicalismo endureció su postura ante el inminente avance legislativo del proyecto oficialista, que ya obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada.

La CGT definió una estrategia de impacto atada estrictamente a la agenda parlamentaria: la huelga se llevará a cabo el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en el recinto. Según el cronograma que impulsa el oficialismo, la sesión podría realizarse este jueves 19 de febrero o, en su defecto, el miércoles 25 de febrero.

Las tensiones internas y la movilización paralela

La decisión de no convocar a una marcha generó críticas tanto desde la izquierda como desde los gremios más combativos. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA, ratificó que sí movilizará hacia el Congreso el mismo día del paro, diferenciándose así de la conducción cegetista.

"El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. Tenemos que garantizar que sea un paro activo", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, uno de los gremios que impulsa la marcha.

El FreSU, integrado por la UOM, Aceiteros, Pilotos, ATE y las dos CTA, concentrará en la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, y replicará la protesta en todas las provincias.

Qué no funcionará durante el paro general

Buscando un altísimo nivel de acatamiento, los gremios más duros acordaron un cese total de actividades. La postal de un país detenido estará garantizada por los siguientes sectores:

Colectivos: La UTA adhiere al paro, por lo que no habrá servicio de líneas de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.

Trenes y Subtes: La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria. Tampoco funcionará ninguna de las líneas de subte ni el Premetro en CABA .

Vuelos: Los gremios aeronáuticos se suman a la medida, lo que provocará la cancelación de los vuelos aerocomerciales de cabotaje e internacionales en todos los aeropuertos del país.

Bancos: La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también paralizará sus actividades. No habrá atención presencial al público en entidades nacionales o extranjeras .

Administración Pública: El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (solo guardias). UPCN también se suma a la medida.

Industria y recolección: La UOM (metalúrgicos), Aceiteros y el gremio de Camioneros (recolección de residuos y logística) también cesarán sus tareas.

Gastronomía: El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro.

Qué servicios sí funcionarán

Pese al alcance de la medida de fuerza, habrá sectores que mantendrán operatividad parcial o total, principalmente impulsados por el sector privado y las regulaciones vigentes:

Comercios y supermercados: Si bien el sindicato de Empleados de Comercio avala el paro, la apertura de locales comerciales, restaurantes y supermercados dependerá de la decisión de cada dueño y de la posibilidad de sus empleados de movilizarse ante la falta de transporte público.

Salud (Guardias): Los hospitales y clínicas privadas mantendrán operativas las guardias para urgencias y emergencias, aunque la atención en consultorios externos y turnos programados estará suspendida o con fuertes demoras.

Homebanking: Pese a que los bancos estarán cerrados, los sistemas digitales de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos funcionarán con normalidad para realizar transferencias y pagos.

Farmacias: El sindicato que nuclea a los farmacéuticos resolvió no adherir al paro, por lo que las farmacias no estarán afectadas.

Educación (condicionado): Algunos gremios docentes podrían adherir de forma dispar. A esto se suma que la Casa Rosada ya notificó que descontará el día y el presentismo a los empleados estatales que paren, lo que podría motivar a algunos docentes a presentarse en las mesas de examen de febrero.

El contexto de la medida

La decisión de la CGT se produjo luego de una reunión de urgencia por videoconferencia el pasado lunes, forzada por el ritmo que el oficialismo imprimió al proyecto de reforma laboral tras su media sanción en el Senado. La inclusión del polémico artículo que modifica el régimen de licencias médicas —reduciendo los salarios al 50% o 75% durante las enfermedades inculpables— caló hondo en la opinión pública y envalentonó a los gremios más combativos, dejando sin margen a la cúpula de Azopardo para demorar una estrategia de endurecimiento.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que conduce Omar Maturano, emitió un comunicado en el que ratificó que "los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros. En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte".

En la vereda oficialista, la senadora y exministra Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la reforma, anunció que se harán cambios en el régimen de enfermedades "fehacientemente comprobables" para que esos trabajadores reciban el 100% de su salario, en un intento por destrabar el conflicto. Sin embargo, el rechazo al artículo 44 ya cosechó manifestaciones de aliados del oficialismo como Cristian Ritondo, Gustavo Sáenz y Oscar Zago, quienes exigen su eliminación del proyecto.