La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado por una holgada mayoría, pero el costo político de esa victoria comenzó a pagarse antes de que los votos se contaran. El Gobierno selló un pacto con la CGT que le aseguró 42 adhesiones, casi al borde de los dos tercios, a cambio de mantener dos reivindicaciones históricas de los gremios: la cuota solidaria y el porcentaje de aportes a las obras sociales. El acuerdo, sin embargo, dejó heridos en la vereda de los aliados y abrió un nuevo frente de conflicto en la Cámara de Diputados por un artículo que hasta ahora había pasado desapercibido.

El rol de Bullrich y la negociación con los gremios

La senadora Patricia Bullrich fue la encargada de destrabar el diálogo con el sindicalismo una vez que la CGT anunció que no convocaría a un paro nacional y limitaría su protesta a una movilización frente al Congreso. Ese gesto, leído por la titular de la bancada libertaria como una señal de "razonabilidad", habilitó una negociación que hasta entonces había estado trabada.

Con llamadas que se extendieron más allá de las tres de la madrugada, Bullrich tejió puentes con sectores del peronismo porteño que hoy rodean a la senadora y que facilitaron el acercamiento a la mesa chica de la CGT. "Es la única que hace política en este Gobierno", reconocieron desde el sindicalismo.

En su discurso de cierre, Bullrich celebró explícitamente a los gremios que utilizan el fondo de cese laboral y hasta elogió al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, en un mensaje dirigido a sellar la nueva relación: "Siempre gana el gremio más razonable. Por eso UPCN tiene más afiliados que ATE, porque es más razonable, porque tiene más lógica, porque no te lleva al conflicto permanente".

Sobre la cuota solidaria, la senadora fue clara: "No la vamos a sacar eternamente, la van a tener, pero en un máximo para que realmente no sea una lógica contraria al interés del trabajador". El límite quedó fijado en el 2%.

Lo que ganó y lo que perdió la CGT

La central obrera consiguió mantener dos puntos centrales: la cuota solidaria con tope del 2% y el 6% de aportes a las obras sociales sindicales. Ambos eran líneas rojas trazadas en la previa al debate y su preservación fue presentada por los gremios como un triunfo.

Sin embargo, el sindicalismo no tuvo nada más para celebrar. El margen de negociación se evaporó cuando el presidente Javier Milei aceptó retirar del capítulo fiscal la baja del impuesto a las Ganancias a las empresas, un punto que afectaba directamente los ingresos provinciales y que los gobernadores habían utilizado como moneda de cambio. Sin ese anzuelo, los gremios perdieron toda capacidad de presión. Habían apostado a los mandatarios provinciales y quedaron con las manos vacías.

"Priorizamos las organizaciones sindicales. Estratégicamente había que mantener la estructura gremial primero para después ir por el resto", se defendió un dirigente sindical consultado. "Teníamos la presión encima, la votación estaba perdida", agregó en tono de justificación.

Los reproches cruzados en la interna

La negociación expuso también las tensiones dentro del propio oficialismo y las desconfianzas del sindicalismo hacia algunos interlocutores. Según relatan los protagonistas, el asesor presidencial Santiago Caputo "se borró dos días antes" del debate, lo que dejó a Bullrich como la única figura con peso específico en la mesa de diálogo.

En segundo escalón aparecieron Martín y Eduardo Lule Menem, que desde diciembre venían tejiendo contactos subterráneos con los gremios, y Diego Santilli, más volcado a monitorear a los gobernadores. Los sindicalistas apuntaron sus quejas contra tres senadoras: "Nos cagaron (Alejandra) Vigo, (Flavia) Royón y (Carlos Espínola) Camau", repitieron de madrugada, una vez consumada la votación.

El artículo que pasó desapercibido y ahora complica

En medio de la negociación con la CGT, el Gobierno coló en el proyecto un artículo que hasta ahora había pasado casi inadvertido: el que modifica las licencias por enfermedad. La nueva redacción establece que, en caso de enfermedades o accidentes no laborales, el trabajador percibirá el 75% o el 50% de su salario, según si la situación derivó de una actividad voluntaria que implicara un riesgo para la salud.

"Alguien hizo una de más", se lamentó un legislador libertario. El ministro Federico Sturzenegger salió rápidamente a defender el cambio, pero dentro del oficialismo reconocen que el timing fue pésimo. El ejemplo que el propio Sturzenegger utilizó para explicar la medida —"si te lastimaste jugando al fútbol, la cobertura es del 50%"— encendió todas las alarmas en la oposición y entre los aliados.

Lo más llamativo, según admiten en el oficialismo, es que el artículo estaba en la versión final del proyecto desde el martes. Tuvieron más de 24 horas para saber qué estaban votando, pero recién tomaron dimensión del escándalo cuando ya estaba todo consumado.

El escenario que se abre en Diputados

Con ese agregado, el Gobierno se enfrenta ahora a un panorama incierto en la Cámara de Diputados. La oposición ya comenzó a hacer números para bloquear ese artículo y, si lo consigue, el proyecto debería volver al Senado, lo que retrasaría su sanción definitiva.

El peronismo y los gremios vieron en este punto una hendija para hacerle ruido al Gobierno. Sin embargo, en Unión por la Patria reconocen que las chances de lograr el rechazo general a la reforma son mínimas. "El Gobierno ya cedió todo lo que estaba dispuesto a ceder, más no va a ceder", reflexionan.

Los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, que podrían operar como árbitros en la negociación, ya dieron señales de que no están dispuestos a darle un golpe a Milei. Ambos cancelaron una reunión con la CGT y en el Senado alinearon sus votos con los intereses libertarios.

El bloque de Provincias Unidas, sin embargo, podría jugar un papel clave. Sus seis diputados de Córdoba y los tres del PRO que integran el espacio votarían la aprobación en general, pero podrían oponerse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y al régimen de incentivo para medianas empresas (RIMI), dos puntos que también generan controversia. Si el tema de las licencias cala hondo en el debate público, podrían hacer caer ese artículo.

Un antecedente que preocupa en la Casa Rosada es el voto en el Senado de los integrantes de Convicción Federal, que se alinearon con el peronismo, sobre todo los representantes de Catamarca y Tucumán. Si ese comportamiento se repite en Diputados, el escenario se volvería más complejo.

Los tiempos parlamentarios

Para evitar demoras, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones para el miércoles próximo, aunque no tiene quórum propio y necesita de los aliados para poder dictaminar. La idea es llevar el proyecto al recinto al día siguiente, de manera que, si se introducen cambios, el Senado pueda ratificar el texto original antes del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias.

El feriado de carnaval complica los plazos, pero en el oficialismo confían en que podrán sortearlo. Ya circula entre los diputados la promesa de que, si el artículo de las licencias se mantiene, el Gobierno lo modificará en la reglamentación posterior.

El contraste entre el avance político y el parate económico

La media sanción de la reforma laboral llegó en una semana de fuertes contrastes para el Gobierno. El mismo miércoles, el Senado también aprobó el nuevo régimen penal juvenil, en otro triunfo político que requirió concesiones: el oficialismo aceptó dejar en 14 años la edad de punibilidad y destinar $23.000 millones para el funcionamiento de las instituciones especializadas.

Pero el avance en el Congreso contrastó con los datos económicos. La inflación de enero marcó un 2,9%, con un fuerte impacto en alimentos, y el uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 53,8%, el nivel más bajo en casi dos años. Los salarios registrados cerraron 2025 casi 3,3 puntos por debajo de la inflación.

El conflicto policial en Santa Fe, que obligó al gobernador a aceptar una suba de haberes superior al 40%, y la amenaza de paro docente en la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la gestión de Axel Kicillof, sumaron tensión social al comienzo del año que el Gobierno había planteado como el de la recuperación.

Un relevamiento del CEPA contabilizó 717 conflictos laborales entre enero de 2024 y febrero de 2026, con la industria a la cabeza (62,1%). Las ramas más afectadas fueron la textil, la de alimentos y la metalurgia, con despidos en el 63,6% de los casos. Desde noviembre de 2023 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados. Un dato llamativo: antes de las elecciones de octubre se registraban 21 conflictos por día; después de los comicios, la cifra se disparó a 42.

El debate público y los próximos pasos

La inflación volvió a ganar la conversación pública. Un informe de la consultora Ad Hoc detectó un salto en las menciones durante febrero, impulsado por el escándalo en el Indec tras la renuncia de Marco Lavagna. La mirada hacia el Gobierno es mayoritariamente negativa.

En las redes, la discusión sobre la reforma laboral tuvo un rasgo particular: "La negatividad hacia Milei subió 3,6 puntos con respecto a su promedio de este mes. Escaló a 52,5%. La comunidad libertaria se activó para resaltar a los manifestantes violentos y validar tanto el accionar policial como la posición política oficial. No se observa una defensa positiva de la reforma", señaló el informe.

Con el envión de las dos medias sanciones, el Gobierno prepara el envío al Congreso de una reforma electoral, una nueva Ley Bases y un listado de empresas a privatizar. El menú legislativo para lo que resta del año ya está servido. La pregunta es si la economía comenzará a acompañar el ritmo que el oficialismo imprime en el Parlamento.