Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por las acciones que, según sostienen, distorsionaron el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La presentación judicial responde a la decisión del Ejecutivo de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor que estaba listo para ser implementado desde enero de 2026, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18.

Los delitos imputados

En su cuenta de la red social X, Strada detalló que la denuncia es "por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622 (violación del secreto estadístico)".

Según la legisladora, "Caputo incurrió en irregularidades varias". En primer término, afirmó, "ordenó que se mantenga el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados". Recordó que "en octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026".

Strada interpretó que la decisión del ministro, tal como él mismo declaró públicamente, busca "postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor". Para la diputada, "se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad".

Impacto social y violación del secreto estadístico

La denuncia advierte que la manipulación del instrumento estadístico "determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva".

Strada remarcó que "el ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique", e incluso "adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial". Ese adelanto, sostuvo, configura "la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622".

La centralidad del IPC

La legisladora subrayó que "el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas y credibilidad macroeconómica".

"Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política. Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento", concluyó.