El paro nacional de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este miércoles quedó sin efecto luego de que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictara la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días.

La medida fue oficializada mediante comunicación del Ministerio de Capital Humano y rige desde las 00:00 del 11 de febrero. Durante este período, "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios", precisó el organismo en un comunicado.

La decisión se adoptó tras el pedido formal presentado por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a las empresas del interior, y ante la "manifestación expresa del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación del servicio", informaron fuentes oficiales.

Los motivos del conflicto

El conflicto salarial se originó por la aplicación en las provincias del acuerdo paritario firmado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A fines de enero, la UTA había alcanzado un entendimiento en la Secretaría de Trabajo que establecía aumentos del 4% en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo.

Sin embargo, el gremio denunció que el acuerdo no se estaba cumpliendo en el interior del país y fijó como plazo el martes 10 de febrero para que las empresas regularicen la situación. Ante la falta de respuesta, ratificaron la medida de fuerza para este miércoles.

"Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA", señalaron desde la UTA en un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández.

El sindicato cuestionó además que "en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja". Y añadieron: "Queremos saber que no es cierto que no les alcanza".

La intervención oficial

La Secretaría de Trabajo intimó al gremio a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y lo convocó, junto a las cámaras empresariales, a una nueva instancia de diálogo en el ámbito del organismo. El objetivo, precisaron, es "alcanzar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento de un servicio esencial para los ciudadanos".

Desde la UTA aseguraron que, en todo momento, "hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores". El gremio mantiene desde fines de enero reuniones periódicas con las cámaras del transporte para avanzar en las negociaciones salariales en las provincias.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su "compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva, en resguardo de la continuidad de los servicios esenciales y la protección del interés público en todo el país".

La conciliación obligatoria se extenderá por quince días, durante los cuales las partes deberán retomar las negociaciones en procura de un acuerdo. De no alcanzarse, quedarán habilitadas para retomar las medidas de fuerza una vez vencido el plazo.