Un análisis difundido en las últimas horas sostiene que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) deberían ser un 21% más altas si el Gobierno hubiese aplicado una fórmula de actualización que refleje la inflación real.

El informe, de tono crítico, atribuye esta brecha a la decisión del Ministerio de Economía de mantener, para el cálculo de la movilidad, una canasta de consumo que data del año 2004, postergando la implementación de una nueva metodología que, según señala, debía regir desde febrero de 2026.

Según los cálculos presentados, desde la implementación de la nueva movilidad decretada por el presidente Javier Milei, los haberes mínimos aumentaron un 99% acumulado entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, el análisis afirma que, de haberse utilizado una medición de precios actualizada, el aumento debería haber sido del 140% en el mismo período.

Esta diferencia del 21% en la fórmula se traduciría, según el documento, en una pérdida directa para los beneficiarios. En términos acumulados, el informe estima que cada jubilado que percibe la mínima habría perdido $1.032.000 solo por este desfase en el índice de actualización.

El análisis contrasta estas cifras con el costo de vida. Cita, por ejemplo, que en octubre de 2025 la Defensoría de la Tercera Edad calculó el costo de una canasta básica en $1.514.074, mientras que el haber mínimo más el bono de $70.000 (congelado desde marzo de 2024) totalizaba $396.298, una suma que, según la fuente, solo cubriría 8 días del mes.

La crítica apunta al ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionando la postergación de la actualización estadística mientras, según señala, los funcionarios del Gabinete duplicaron sus sueldos.