Una empleada judicial fue formalmente acusada de colaborar en la ocultación de pruebas tras el homicidio de Erika Antonella Álvarez. Este martes 3 de febrero, en una audiencia multipropósito que se extendió por más de cuatro horas, la justicia imputó a Justina Gordillo (48) por el delito de encubrimiento doblemente agravado, tanto por favorecimiento personal como por ejercer una función pública.

La audiencia, a cargo del fiscal Pedro Gallo de la Fiscalía de Homicidios I, inició a las 14:00. Allí, la defensa de Gordillo se opuso a la formulación de cargos y solicitó la absolución, un planteo que fue rechazado por el magistrado interviniente. Posteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de la imputada por un plazo de tres meses, argumentando un concreto peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación en curso.

El juez hizo lugar a lo requerido por la acusación. Ante esta resolución, la defensa de Gordillo impugnó de inmediato la medida de coerción. Los letrados argumentaron, en su recurso, que la imputada presenta problemas psiquiátricos y una afección tiroidea que requiere tratamiento médico continuo, además de ser madre de dos hijos menores de edad.

Según la hipótesis de la fiscalía, Gordillo habría ayudado activamente a ocultar evidencias del homicidio de Álvarez, presuntamente cometido por Felipe Sosa, alias "El Militar". La investigación sostiene que, tras el crimen, la empleada judicial concurrió en múltiples ocasiones al domicilio de Sosa y colaboró en ocultar el teléfono celular de la víctima y la camioneta en la que, se cree, se trasladó el cuerpo hasta el descampado de Manantial Sur, donde fue hallado el 8 de enero.

Felipe Sosa (50), detenido el 16 de enero en Pilar, ya se encuentra formalmente imputado como autor material del homicidio. En una audiencia celebrada el 21 de enero, el juez hizo lugar al pedido fiscal y le dictó la prisión preventiva por seis meses. La acusación preliminar lo señala como responsable de haber dado muerte a Álvarez mediante "violencia física directa, extrema y precisa" en Yerba Buena, entre la madrugada del 7 y la mañana del 8 de enero, para luego deshacerse del cuerpo.