La Justicia de Tucumán dictó una sentencia interlocutoria inédita que sienta el primer precedente en el fuero Civil y Comercial sobre los límites del uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales. Un juzgado de la capital provincial sancionó a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente en una demanda contra Booking.com Argentina SRL, conducta que el tribunal vinculó a un uso irresponsable de herramientas de IA sin la debida supervisión profesional.

El fallo, dictado por el Juzgado Civil y Comercial Común X° Nominación a cargo del juez Santiago José Peral, se produjo en la causa “Ortiz, Fátima Cecilia c/ Booking.com Argentina S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios”. En él, se declaró configurada la temeridad y mala fe procesal de la letrada patrocinante de la actora, Marcela Cecilia Lazarte Vigabriel, tras comprobarse que al menos seis de los precedentes citados para fundar la demanda no pudieron ser verificados en ninguna base de datos jurídica oficial.

El caso se destapó cuando la defensa de la empresa, a cargo del abogado Federico Sassi Colombres, cuestionó en audiencia la autenticidad de esos fallos. El tribunal intimó entonces a la abogada de la parte actora a acompañar copias íntegras de la jurisprudencia alegada. Sin embargo, tras el plazo otorgado, los precedentes no fueron acreditados. Los enlaces que proporcionó remitían a causas distintas o a sitios sin relación con lo afirmado inicialmente.

En su análisis, el juez Peral determinó que fallos mencionados como “González c/ Booking.com” o “Defensoría del Pueblo c/ Viajes YA S.A.” sencillamente no existen o no pudieron ser identificados. Sostuvo que, por la forma en que fueron construidas las citas, “puede razonablemente inferirse” que pudieron ser generadas mediante inteligencia artificial, pero sin un control humano efectivo que verificara su veracidad. La resolución aclara que el uso de IA no es reprochable en sí mismo, pero subraya que estas herramientas deben operar únicamente como auxiliares bajo la responsabilidad última del profesional, garantizando la buena fe, lealtad y veracidad en el proceso.

Como consecuencia, el juzgado impuso a la letrada una multa de 620.000 pesos, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán y la condenó a pagar las costas de forma personal. La demandante, en cambio, fue eximida de sanciones al considerarse que, como consumidora, era ajena a las decisiones técnicas de su representación.

Este pronunciamiento refuerza una línea iniciada meses atrás por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. A fines de 2025, en un caso penal, el máximo tribunal provincial ya había formulado un severo llamado de atención al detectar citas jurisprudenciales inexistentes atribuidas al mal uso de IA, exhortando entonces a un uso ético y controlado. El nuevo fallo civil proyecta y consolida ese criterio de responsabilidad profesional en el ámbito del derecho privado.