Ignacio Rodríguez Varela será el magistrado de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que tendrá a su cargo la determinación sobre dónde debe avanzar una de las investigaciones más complejas en torno al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La disyuntiva es si el caso sigue en la Justicia federal o permanece en el fuero de la Justicia nacional de instrucción.

La presentación judicial que involucra a Tapia y Toviggino fue radicada por el empresario Guillermo Tofoni, quien los imputa por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, al sospechar desvío de recursos de la AFA en Estados Unidos. Este expediente se suma a otros procesos que pesan sobre la entidad futbolística.

Rodríguez Varela, de 55 años, es quien resolverá si la denuncia continúa en la Justicia nacional de instrucción o si, tal como dispuso la jueza Paula Petazzi, corresponde que sea el juzgado federal de Lomas de Zamora el que se haga cargo. Se prevé que emita su fallo hacia el final de la próxima semana.

Su trayectoria es la de un funcionario judicial con larga experiencia que anheló durante mucho tiempo acceder a un cargo de juez, pero que se topó con la oposición del kirchnerismo. Participó en concursos desde 2005 y, pese a obtener ubicaciones destacadas, su nombramiento siempre fue postergado. Recién pudo integrar una cámara en 2018.

El camarista fue incluido en numerosas ternas, llegando en seis oportunidades a ocupar el primer lugar en los órdenes de mérito, sin lograr la designación. Llegó a estar al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) y formó parte del equipo que, bajo la conducción de Gustavo Beliz en 2003, trabajó en temas de seguridad.

Ante la marginación sufrida, Rodríguez Varela inició acciones judiciales. Una sentencia reconoció que había sido objeto de una proscripción. Finalmente, en 2016, su nombre integró 35 ternas en todos los fueros y su reivindicación llegó hacia el final del gobierno de Mauricio Macri, cuando fue designado camarista de instrucción, con la oposición de Cristina Kirchner y su bloque.

El magistrado tiene una postura contraria a la legalización del aborto, es padre de nueve hijos, fue nombrado secretario de fiscalía en 1994 y se ha desempeñado como profesor de derecho penal en la Universidad Católica Argentina (UCA).