La Legislatura de Tucumán, señalada como la más costosa del país en términos de gasto por legislador, cerró el ejercicio 2025 con una ampliación presupuestaria de $2.500 millones. La medida elevó los recursos destinados al Poder Legislativo provincial.

El incremento fue autorizado mediante el Decreto N° 3097/3 (SH), firmado el 16 de octubre de 2025 por el vicegobernador Miguel Acevedo en ejercicio del Poder Ejecutivo. Su publicación oficial se concretó este viernes 30 de enero en el Boletín Oficial.

Según el texto, la Cámara solicitó la ampliación de crédito “a los efectos de atender las distintas obligaciones hasta la finalización del presente Ejercicio”. Los $2.500 millones se financiaron íntegramente con recursos del Tesoro General de la Provincia.

Los fondos fueron reasignados desde la Jurisdicción 50, correspondiente a obligaciones a cargo del Tesoro, específicamente del programa de Erogaciones Varias. Se distribuyeron en tres partidas: $700 millones y $1.200 millones bajo el concepto “Otros no especificados precedentemente”, y $600 millones para “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”. Esos montos se incorporaron al presupuesto del Poder Legislativo.

La ampliación se conoce en un contexto de críticas al nivel de gasto del Parlamento provincial. Según el último informe de la Fundación Libertad, la Legislatura tucumana encabezó en 2025 el ranking nacional de gasto por legislador, con una erogación que superó los $2.735 millones anuales por cada uno de sus 49 miembros. Además, Tucumán destina más del 3,9% de su presupuesto total al Poder Legislativo, proporción que duplica el promedio nacional.

El decreto cuenta con los dictámenes técnicos de la Dirección General de Presupuesto, la Contaduría General y la Dirección de Asuntos Jurídicos de Hacienda, además del Dictamen Fiscal N° 2140 del 13 de octubre de 2025. Fue refrendado por el ministro de Economía y Producción y firmado por el secretario de Estado de Hacienda.

La publicación tardía de la norma reavivó el debate sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y el nivel de gasto del Poder Legislativo provincial.