El debate por la causa Cuadernos, vinculada al ex chofer Oscar Centeno, se reanudó este martes con la decimotercera audiencia del año, en la que el Tribunal Oral 7 (TOF 7) concluyó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo conocido como “La Camarita”. La exposición se centró en detallar los casos de cuatro empresarios acusados de realizar pagos ilegales a cambio de contratos públicos durante los gobiernos kirchneristas.

El primer caso expuesto fue el de Luis Armani, presidente de Vialmani S.A. entre 2003 y 2015. Para la UIF están probados pagos por un millón de pesos realizados en 2013, que el propio Armani reconoció haber entregado en efectivo al financista Ernesto Clarens para destrabar certificados de obra demorados. En paralelo, su empresa recibió 18 adjudicaciones viales por más de 2.000 millones de pesos.

Luego se abordó el caso de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de ESUCO S.A. A Wagner se le atribuyen más de media docena de pagos de dádivas y numerosos contactos telefónicos con exfuncionarios como Julio De Vido y José López. Wagner admitió la existencia de pagos ilegales y declaró que el destinatario final era “El Malo” –en referencia a Néstor Kirchner–, señalando que el sistema se interrumpió tras su muerte para luego reanudarse.

El tercer empresario fue Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, a quien se le imputan doce pagos ilegales por más de 3,5 millones de pesos. Rovella reconoció que Clarens le ofreció gestionar pagos atrasados ante Vialidad y que esos aportes fueron presentados como una “contribución” a la campaña electoral de 2011.

A ellos se sumó el caso de Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y del Grupo Corporación América, a quien se le atribuyen 14 hechos de cohecho activo por más de 6,3 millones de pesos. Collazo admitió haber entregado dinero en efectivo como “premio al éxito” por la gestión de cobros ante Vialidad Nacional, detallando el mecanismo de pagos y los reclamos de Clarens.

Posteriormente, el TOF 7 abrió la lectura de la acusación en el tramo correspondiente a los subsidios al sistema ferroviario. La imputación apunta a un esquema de recaudación ilegal montado a partir de los subsidios estatales destinados al funcionamiento de los trenes de pasajeros. Según la acusación, esos fondos fueron utilizados como fuente de pago de sobornos a funcionarios nacionales mediante sobrefacturación, simulación de gastos y falta de controles.

En el centro de este capítulo aparecen el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado como organizador del sistema; su sucesor Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, acusado de actuar como nexo. También están imputados directivos de firmas concesionarias como los ex responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio y Mario Cirigliano, a quienes se les achaca haber pagado coimas sistemáticamente para asegurar subsidios y evitar sanciones.

Esta fue la primera audiencia en la que no estuvo presente la ex presidenta Cristina Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis. Resta una sola audiencia prevista para el 30 de diciembre, a la espera de que el tribunal defina si habilita o no la feria judicial de verano para continuar con el debate.