El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, descartó este miércoles que el Poder Ejecutivo esté considerando intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, ratificó que la entidad sigue sujeta al control de su organismo debido a que no completó los procedimientos legales para trasladar su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”, afirmó Vitolo en declaraciones a Radio Rivadavia. “La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”, puntualizó.

El funcionario explicó que, pese a la decisión asamblearia de mudar su sede a la provincia de Buenos Aires, la AFA carece de validez en ese acto hasta que reforme su estatuto, obtenga la aprobación de la IGJ y cumpla todos los trámites administrativos, incluyendo la notificación a la jurisdicción original. “La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, sostuvo Vitolo.

Detalló que la asociación no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva, cuya asamblea de renovación anticipada fue impugnada y se encuentra judicializada a la espera de una resolución de la Corte Suprema.

Además, Vitolo señaló que la AFA mantiene deudas informativas desde 2017 relacionadas con inconsistencias en sus estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, explicó, agregando que la entidad no respondió a los requerimientos de aclaración sobre el destino de esos fondos. “La AFA tiene que explicar gastos por ciento once millones de dólares”, enfatizó, aclarando que no se afirma que los fondos hayan sido mal utilizados, sino que es necesario conocer su composición para aprobar los balances. Entre las partidas cuestionadas mencionó gastos de administración, pagos al Colegio de Árbitros, gastos de selecciones nacionales y aportes a FIFA y CONMEBOL.

Respecto a los posibles escenarios de intervención, Vitolo explicó que existen tres vías legales: una administrativa bajo la órbita de la IGJ (que descartó estar considerando), otra en el ámbito penal por decisión de un juez, y una tercera de naturaleza civil, donde un club afiliado podría solicitar la intervención judicial.

La situación se replica, según el titular de la IGJ, en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, asociación civil vinculada a la AFA, que debe justificar partidas por trescientos cuarenta y ocho millones de dólares. Vitolo cuestionó la falta de especificidad en rubros como “rendiciones a clubes” y advirtió sobre el riesgo de desnaturalizar su carácter de asociación civil sin fines de lucro al centrar su objeto en la comercialización de derechos televisivos.