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27 de diciembre de 2025

Así es la ley de Inocencia Fiscal sancionada por el Senado

La ley establece un tope patrimonial de $10.000 millones para adherir a un régimen que no controla el crecimiento patrimonial ni los consumos. Además, reduce el plazo de prescripción tributaria de cinco a tres años.

El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo. La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, tiene como uno de sus objetivos centrales fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

El pilar de la iniciativa es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”, al cual podrán adherir contribuyentes con un patrimonio declarado de hasta 10.000 millones de pesos. El Gobierno afirma que quienes se acojan a este régimen quedarán “blindados para siempre”, ya que no tendrán que informar variaciones patrimoniales ni serán controlados en sus consumos. ARCA cobrará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, deduciendo los consumos de esa base.

El artículo 39 establece que el pago en término de lo propuesto por ARCA tiene efecto liberatorio, excepto si se omitieron ingresos en la declaración.

Cambios en los delitos y plazos

La ley introduce modificaciones sustanciales en los umbrales para considerar un delito tributario:

  • Para la evasión simple, el piso se eleva de $1.500.000 a $100.000.000.

  • Para la evasión agravada, el monto debe superar los 1.000 millones de pesos (anteriormente $15 millones).

Asimismo, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. El texto establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda con sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.

Régimen de regularización

La norma contempla un mecanismo de regularización para casos con denuncia no radicada: la acción penal quedará extinguida si el contribuyente paga la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto relaja los controles fiscales para los adheridos al régimen simplificado, simultáneamente aumentan los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

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