El Tribunal de Cuentas de Tucumán formalizó la incorporación de un documento central en la investigación que compromete a exfuncionarios de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y del Ministerio de Desarrollo Social.

Mediante el Acuerdo N.º 5184, fechado el 11 de noviembre de 2025, el organismo de control incorporó como anexo al Acuerdo N.º 5140 un detalle exhaustivo de 12 Órdenes de Autorización (ODA) de 2023, donde constan los pedidos, los bienes entregados, los funcionarios que los solicitaron y las personas que los retiraron.

Un circuito de pedidos internos entre Desarrollo Social y la Caja Popular

El expediente N.º 2229-270-CFG-24 muestra que los requerimientos provenían de la Caja Popular, pero el beneficiario consignado en todos los casos era el propio organismo financiero provincial.

Entre los bienes entregados figuran alimentos básicos —aceite, arroz, fideos, harina, leche en polvo, lentejas, puré de tomate, yerba, azúcar y picadillo— y elementos no alimentarios, como chapas C27, camas cuchetas, mesas y sillas plásticas.

Cada orden detalla la fecha, cantidad de artículos, solicitante y retirante, y está acompañada por las respectivas constancias firmadas (fs. 28 a 30 del expediente).

El Tribunal reprodujo los ejemplos más relevantes:

• ODA 420477 (06/10/2023): solicitada por Hugo Guillermo Ledesma (Subinterventor de la CPA) y retirada por Luis Enrique Carranza.
• ODA 411363 (22/05/2023): pedida por José César Díaz, Interventor de la CPA, y también retirada por Carranza.
• ODA 408381, 408378 y 408374 (19/04/2023): firmadas por Díaz para recibir 50 chapas C27, 50 camas cuchetas y 120 muebles plásticos, todas retiradas por Flavio Gerardo Corres.
• ODA 407110 y 407104 (11/04/2023): pedidos de Díaz y Jorge Alberto Garay (Delegado de Actividad Hípica de la CPA), ambos con entregas de alimentos básicos.
• ODA 403528 (08/03/2023): solicitada y retirada por Corres.

Funcionarios bajo investigación y nueva etapa procesal

El Acuerdo 5140, dictado el 10 de noviembre, ya había iniciado un Juicio de Responsabilidad contra ocho personas:

Lorena Málaga Barros Sosa, José César Díaz, Hugo Guillermo Ledesma, Jorge Alberto Garay, Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer, Julio Bernardo Naser y Flavio Gerardo Corres.

El Tribunal dispuso además que el caso se comunique al Ministerio Público Fiscal, ante la posible comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El Acuerdo 5184 da un paso más: anexa la planilla de ODAs al expediente principal, la remite al Ministerio Público Fiscal para su agregación a la causa penal, y ordena notificar formalmente a los imputados, a la Corte Suprema de Tucumán, a la Legislatura Provincial —ya que Ledesma es legislador— y al Poder Ejecutivo.

Una trama que une asistencia social y control financiero

El Tribunal considera que el registro de solicitudes y retiros permitirá “aclarar el procedimiento empleado y dilucidar las responsabilidades emergentes”.

Las entregas, efectuadas durante 2023, se concretaron cuando la CPA estaba bajo intervención, y las mercaderías provinieron de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

La investigación busca determinar si esos bienes fueron efectivamente destinados a fines institucionales o si existió un uso irregular de recursos públicos, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.