En medio de una profunda crisis en el transporte automotor de pasajeros, el empresario Sergio Alejandro Gómez Sansone, titular de la Empresa El Rayo Bus SRL (Línea 8), rechazó con dureza la sanción de “persona no grata” que le impuso la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). Mediante tres cartas documento dirigidas a la entidad y a su presidente, Daniel Orell, el empresario formuló graves acusaciones que involucran a la conducción del gremio.

La medida de AETAT, firmada el 2 de diciembre y ratificada al día siguiente, restringe a Gómez Sansone el acceso y la permanencia en la sede social y ámbitos institucionales. El motivo oficial fue la supuesta difamación pública y hostilidad manifiesta del empresario hacia la conducción, especialmente contra su vicepresidente, Jorge Berreta. Para Gómez Sansone, esta sanción es una represalia por sus críticas al manejo de la entidad y por lo que califica como un “entramado de intereses” que vincula a sectores empresariales, sindicales y políticos.

En las cartas documento, el empresario formula denuncias de gravedad:

• Agresión física: Denuncia que, durante una reunión el 28 de noviembre, fue víctima de un presunto episodio de violencia por parte del vicepresidente Jorge Berreta, ante testigos.

• Irregularidades administrativas y financieras: Afirma que se detectaron cheques emitidos por AETAT que nunca habrían llegado a sus beneficiarios y la existencia de firmas supuestamente falsificadas. Solicitó una auditoría exhaustiva de las cuentas de la asociación.

• Cuestionamientos al boleto electrónico: Acusó a la conducción de AETAT de avanzar “con urgencia” en la contratación de un proveedor sin considerar propuestas más económicas, exigiendo que se investigue el proceso por falta de transparencia.

• Revocación de autorizaciones: Notificó la revocación de todas las autorizaciones para que AETAT actúe como agente de retención de fondos a su favor y reclamó la transferencia completa de los montos adeudados.

Desde AETAT sostuvieron que la sanción se enmarca en sus facultades estatutarias y responde a “reiteradas manifestaciones públicas agravantes y difamatorias”. Negaron que se trate de una represalia y evitaron pronunciarse en detalle sobre las acusaciones puntuales, al considerar que “el tema se encuentra en una instancia administrativa y legal”. Respecto a las presuntas irregularidades, fuentes de la entidad indicaron que cuentan con balances y controles internos aprobados, y que cualquier cuestionamiento debe canalizarse por vías legales. Sobre el episodio de presunta agresión, afirmaron que “no existió ninguna situación de violencia” en las reuniones institucionales.

Desde el gobierno provincial no hubo pronunciamientos oficiales. Fuentes del área de Transporte señalaron de manera extraoficial que se trata de una disputa entre privados, aclarando que cualquier presentación judicial será evaluada si corresponde a la órbita estatal.

El enfrentamiento expone una fractura visible dentro del empresariado del transporte tucumano, en un momento de extrema sensibilidad para el sector, atravesado por problemas financieros, conflictos gremiales y cuestionamientos al funcionamiento general del sistema.