Por decisión de la intendenta Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán solicitó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Tucumán un informe detallado sobre los trabajadores de las líneas urbanas suspendidos por las empresas nucleadas en la AETAT, medida que derivó en un paro de actividades la semana pasada.

El pedido fue realizado mediante una nota firmada por el secretario general municipal, Rodrigo Gomez Tortosa, quien requirió al gremio “remitir informe detallado respecto a cada uno de los trabajadores afectados por la medida de suspensión llevada a cabo por la AETAT, como así también copia de los telegramas mediante los cuales se los notificó de la mencionada medida”.

En el escrito oficial, Gomez Tortosa remarcó que el objetivo del Municipio es verificar si los empresarios actuaron conforme a la normativa vigente. “Estamos convencidos de que, mediante el diálogo, la cooperación institucional y el compromiso compartido, podremos avanzar y buscar de manera conjunta la forma de proteger los derechos laborales de quienes resultan vulnerados por esta situación”, sostuvo el funcionario.

En respuesta, el secretario general de la UTA Tucumán, César González, remitió el informe requerido, confirmando que 117 trabajadores fueron notificados sobre la suspensión de sus contratos laborales. “Ponemos en su conocimiento que esta entidad sindical ha tomado conocimiento de las comunicaciones cursadas a través de los trabajadores afectados, los cuales ascienden a 117, quienes fueron notificados de la suspensión de su contrato de trabajo por parte de sus respectivos empleadores mediante nota y/o carta documento”, señaló González en la nota enviada este lunes al Municipio.

Entre las cartas documento recibidas por los choferes -como la enviada por la empresa BYV Transportes SRL- se fundamentan las suspensiones en “la grave crisis que afecta al servicio público de pasajeros en el ámbito de la ciudad de San Miguel de Tucumán”, alegando que la medida se adoptó “con el único objetivo de salvaguardar la fuente de trabajo”. Según el texto, las suspensiones rigen desde el 6 de noviembre y por un plazo de 15 días sin goce de haberes.

La Municipalidad busca determinar si la decisión empresaria se ajustó al marco legal laboral y si los argumentos esgrimidos -relacionados con la crisis del sector- son válidos para justificar las suspensiones sin salario. El dirigente gremial agregó que la UTA “ratifica su disposición a brindar la colaboración requerida” por las autoridades municipales.