Una denuncia judicial por el presunto alquiler irregular de un inmueble propiedad del Estado nacional involucra a la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco. La causa se tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán bajo el expediente N.º 7576/2025.

El abogado Ernesto Baaclini, representante de Jonathan David Aguilar y Cynthia Rosa Gaitán, presentó un escrito en el que acusa a Trimarco de haber dado “en locación ilegítima e ilegal” una propiedad ubicada en Pasaje Sargento Gómez 60, perteneciente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El bien había sido cedido en comodato gratuito a la fundación en octubre de 2023 para su “mantenimiento y conservación” con fines sociales.

Según la denuncia, el inmueble habría sido alquilado a terceros que lo utilizaban para un emprendimiento comercial denominado Imperio Yocy. El conflicto judicial surgió a raíz de denuncias cruzadas entre estos ocupantes y la presidenta de la fundación. Los inquilinos afirmaron ante la Justicia Federal que sufrieron presiones para ser desalojados tras reclamar por un aumento desmedido en el precio del alquiler, que aseguran haber pactado directamente con Trimarco.

Por su parte, Trimarco los habría acusado de utilizar el local para comercializar mercadería robada, lo que motivó un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal el 22 de octubre pasado. Durante la diligencia se incautaron documentos, comprobantes y dispositivos electrónicos.

La defensa de los comerciantes presentó como prueba audios atribuidos a Susana Trimarco. En una de las grabaciones, revelada por la periodista Marisa Suárez, una voz identificada como la de la dirigente exige el pago del alquiler: “Necesito la plata del alquiler y punto. Los tres millones juntos, porque la fundación necesita dinero, le tenemos que comprar comida a las víctimas”. En el mismo audio se escucha una advertencia: “No me hagas enojar porque no me conocés cuando me enojo. Si he luchado con la Chancha Ale mirá si no los voy a meter presos a ustedes”.

El escrito judicial solicita que se investigue penalmente a Trimarco y a otros integrantes de la fundación por presuntos delitos de uso indebido de bienes públicos, cobro irregular de alquileres y tráfico de influencias. Asimismo, se pidió determinar si los fondos cobrados fueron registrados en la contabilidad de la entidad o derivados a cuentas personales.

La defensa de los inquilinos caracterizó el allanamiento como un “desalojo exprés disfrazado” y reclamó una “investigación imparcial y transparente”. La causa se encuentra en etapa de instrucción, a la espera de la incorporación de nuevas pruebas y la citación de las partes involucradas.