La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó severamente la demora de casi siete años en la investigación de una denuncia por abuso sexual a una menor y recomendó evaluar sanciones para los magistrados intervinientes, en un caso que involucró un conflicto de competencia entre los tribunales de Tucumán y Buenos Aires.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti intervinieron en el caso donde se disputaban la causa un juzgado de Tucumán y otro de San Isidro. Según determinó el tribunal, el expediente permaneció inactivo durante casi siete años porque no se concretó la declaración de incompetencia.

La historia se remonta al 17 de julio de 2014, cuando C. A. denunció ante la comisaría de Los Nogales, Tucumán, a su expareja J. A. R. por haber abusado sexualmente de su hija F. R., quien en ese momento tenía dieciséis años. Los hechos habrían ocurrido en enero de 2012 cuando la víctima visitó al acusado en su domicilio de Florida, provincia de Buenos Aires.

La causa recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Juan Francisco Pisa -posteriormente destituido por el caso Paola Tacacho-. El 8 de octubre de 2014, Pisa se declaró incompetente argumentando que los hechos se habrían producido en Buenos Aires. Sin embargo, recién en marzo de 2016 las actuaciones fueron remitidas a la justicia bonaerense.

El 15 de abril de 2016, el titular del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, rechazó su competencia por considerar que no se habían agotado las medidas para establecer las circunstancias del ilícito. Recién el 25 de septiembre de 2024, el Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital de Tucumán detectó que el incidente de incompetencia "nunca fue creado conforme lo ordenado".

En su fallo, la Corte Suprema señaló: "Corresponde enviar el incidente al tribunal tucumano al efecto de que reúna los elementos necesarios para dar precisión a la denuncia". Los magistrados agregaron que "los tribunales intervinientes deberán darle inmediato trámite al expediente" y procurar que el daño sufrido por la víctima, hoy adulta, "no se vea aún más incrementado".

Finalmente, el tribunal dispuso notificar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que evalúe "la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan" a los magistrados involucrados en la demora procesal.