La Legislatura de Tucumán promulgó este lunes 20 de octubre la Ley 9925, una normativa que establece la responsabilidad civil obligatoria para los comercios sobre los vehículos estacionados en sus predios. La medida, publicada en el Boletín Oficial, deroga la validez de los carteles que declaran “no responsabilizarse por daños, robos o hurtos”, comunes en hipermercados y shoppings.

La nueva ley obliga a toda empresa comercial que ofrezca espacios de estacionamiento a “garantizar la seguridad e integridad de los mismos durante su permanencia” ya sea que el servicio sea gratuito o pago. Como contrapartida, exige la colocación de cartelería informativa sobre la responsabilidad asumida, la presencia de personal de vigilancia propio o tercerizado en cantidad adecuada, un protocolo para reclamos y un seguro que cubra siniestros ajenos al usuario.

Un debate con consenso y matices

El proyecto fue aprobado por unanimidad el pasado 2 de octubre, aunque el debate legislativo reveló posturas divergentes sobre su fundamento. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) señaló durante la sesión que “todas estas cuestiones están reguladas en el Código Civil. El propietario de un estacionamiento, ponga el cartel que ponga, siempre va a ser responsable por imperio de la ley de fondo”. En la misma línea, Manuel Courel (Cambia Tucumán) consideró la norma “redundante” pero útil para “aclarar y mejorar la situación de los consumidores tucumanos”.

Frente a estos argumentos, los impulsores de la ley enfatizaron su carácter práctico. El peronista Carlos Gómez sostuvo que “los usuarios sienten inseguridad, y los reclamos implican juicios costosos. Esta ley protege al consumidor, asegura que las empresas respondan y ofrece un trámite gratuito”. Por su parte, Claudio Viña (Compromiso Tucumán), coautor de la iniciativa, destacó la desigualdad del consumidor: “Los carteles disuasivos confunden al consumidor, que no tiene un estudio jurídico para saber que el Código Civil lo protege”.

Implementación y próximos pasos

La Ley 9925 entrará en vigor tras un plazo de 90 días para que los comercios se adapten a sus disposiciones. La Dirección de Comercio Interior, designada como autoridad de aplicación, será la encargada de recibir los reclamos de manera gratuita, tal como establece el artículo 4º, y de planificar las campañas de difusión ordenadas por el artículo 5º para informar a la ciudadanía sobre sus nuevos derechos.