La Comisión de Emergencia Ambiental del Concejo Deliberante formalizó un pedido de precisiones al municipio capitalino respecto al proceso de compactación de vehículos realizado a comienzos de 2025, tras detectar posibles incongruencias en los informes oficiales emitidos por distintas dependencias del Ejecutivo. La administración de Rossana Chahla afirmó que toda la documentación se encuentra disponible para su consulta en el edificio municipal de Lavalle y 9 de Julio.

El reclamo fue impulsado por el comité que preside el concejal radical Leandro Argañaraz, encargado de supervisar los informes trimestrales municipales. En el documento correspondiente al período febrero-abril, la Municipalidad destacó la compactación de vehículos en desuso como parte de su política ambiental, señalando que la mayoría eran de propiedad municipal y otros correspondían a unidades secuestradas por la Dirección de Tránsito, predominantemente motocicletas.

A propuesta de la concejal Ana González, del partido alfarista, la comisión solicitó un listado identificatorio de los rodados con número de dominio, copias de expedientes administrativos, autorizaciones de baja y documentación complementaria. La Municipalidad respondió con dos informes técnicos: uno firmado por el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano, y el contador general Marcelo Albaca; y otro por el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva.

El informe de Economía y Hacienda detalló la compactación de 15 vehículos —dos camionetas, doce motocicletas y una motoniveladora—, incluyendo modelo y dominio de cada uno. Precisó que el procedimiento fue realizado por una empresa contratada directamente, sin convenio con la Provincia, y que el monto obtenido por el material reciclado fue de $627.000, suma que se incorporó a Rentas Generales.

En contraste, el documento presentado por Nieva sostuvo que la Secretaría de Movilidad Urbana no ordenó procedimientos de compactación de vehículos provenientes de secuestros, ni emitió actos administrativos que los declararan en estado de chatarra. Esta divergencia motivó que la comisión remitiera una nueva observación al Ejecutivo, solicitando que se ratifique o rectifique si hubo vehículos de terceros incluidos en el proceso y que se envíen copias íntegras de los expedientes de baja.

La concejal González se refirió a la falta de coherencia entre los informes, manifestando que “esto carece de transparencia; estamos hablando de bienes públicos de los vecinos”, y reclamó que los funcionarios “sean serios al emitir los informes”.

Consultado al respecto, el contador general Marcelo Albaca explicó que el operativo se realizó únicamente sobre bienes municipales dados de baja. Detalló que un auditor mecánico certificó la irrecuperabilidad de los vehículos, lo que habilitó su destrucción, y que durante el operativo se contó con la colaboración técnica de la División de Compactación del Ministerio de Seguridad, sin mediar convenio formal.

Albaca agregó que el procedimiento se ejecutó conforme a la ordenanza N° 570 de Contabilidad, que regula la enajenación de bienes públicos. “Por el valor estimado, la venta pudo ser realizada por un director o secretario. Si superara los $ 4 millones, debería intervenir el intendente por decreto”, explicó.

El contador general recordó que los expedientes están disponibles para su revisión pública y que los concejales pueden acceder a ellos en cualquier momento. Pese a estas aclaraciones, la comisión legislativa mantiene su pedido formal de documentación completa para verificar la transparencia del proceso.