Uruguay se encuentra a las puertas de convertirse en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, con el tratamiento este miércoles del proyecto de ley en la Cámara de Senadores. La iniciativa, que recibió aprobación en la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, cuenta con mayoría favorable en el Senado, donde la coalición izquierdista Frente Amplio -que respalda la medida- tiene predominio.

La votación mostrará divisiones dentro del bloque opositor, según informó el diario El País. Los históricos partidos Nacional y Colorado mantienen posturas internas divergentes, con legisladores como Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) anunciando su voto a favor. En tanto, el senador colorado Robert Silva solicitará licencia para ser reemplazado por su suplente Ope Pasquet, quien en la legislatura anterior fue promotor de esta iniciativa.

En las barras del Palacio Legislativo estará presente Beatriz Gelós, una paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha por la aprobación de esta ley. La historia de esta docente de 71 años, que no puede realizar actividades básicas por sí misma como bañarse o tomar agua cuando tiene sed, fue utilizada como argumento durante el debate en Diputados. También se espera la presencia de grupos como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que han impulsado el proyecto, así como de Prudencia Uruguay, organización que se opone a la iniciativa.

El proyecto establece que podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad en plenas facultades psíquicas, que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles que "menoscaben gravemente su calidad de vida". La normativa está dirigida a quienes experimentan sufrimientos "insoportables" y busca garantizar una muerte "indolora, apacible y respetuosa de su dignidad".

El procedimiento contempla ocho etapas: la solicitud personal del paciente a un médico, la evaluación de un primer profesional, una segunda opinión médica independiente, una nueva entrevista para ratificar la disposición, una fase para expresar la "última voluntad" y finalmente la ejecución por parte del médico actuante.

Durante la discusión en Diputados, los promotores de la iniciativa defendieron que la propuesta "regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo". Quienes se oponen consideraron que el debate no puede reducirse a la disyuntiva de "sufrir o morir" y rechazan que las personas tengan derecho a "disponer de la propia vida".