El Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió el pasado 3 de octubre el Acuerdo N° 4369, que rechazó el recurso y la recusación interpuestos por el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, y el subinterventor, Miguel Darío Amatti, confirmando la continuidad de una investigación sobre el área de juegos de la entidad.

La resolución, firmada por el presidente Miguel Chaibén Terraf y el vocal Marcelo Vidal, desestimó las impugnaciones presentadas el 17 de junio de 2025 contra el Acuerdo N° 1703, que había dispuesto la sustanciación de una Comprobación Sumaria para determinar "la existencia de eventuales perjuicios al erario y deslindar en su caso las responsabilidades emergentes".

El Tribunal fundamentó su decisión al considerar que la Comprobación Sumaria no constituye un acto definitivo sino una "medida instructora preliminar" de índole fiscal. En el documento se señaló que el Acuerdo cuestionado "no introduce un marco imputacional ni delimita sujetos formalmente indicados como responsables", por lo que las garantías del debido proceso invocadas por los funcionarios no resultarían aplicables en esta etapa.

Respecto a la recusación del Tribunal solicitada por las autoridades de la CPA, el organismo de control la declaró "prematura, infundada y formalmente improcedente", argumentando que "no existe 'acusación' ni 'sanción' en curso; No hay parte pasiva ni sujetos formalmente indicados como responsables".

Antecedentes del conflicto

La relación institucional entre el Tribunal de Cuentas y la intervención de la Caja Popular de Ahorros presenta antecedentes conflictivos. En 2018, el organismo inició un Juicio de Responsabilidad contra Díaz por autorizar a aproximadamente 50 empleados de la entidad a prestar servicios en otras reparticiones del Estado.

Además, hace más de un año, el TC formalizó un juicio sumario contra el interventor por presuntas irregularidades en el área de juegos que habrían generado una deuda por más de $3.000 millones con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

Objeto de la investigación

La Comprobación Sumaria se centra en la adjudicación del "servicio para la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema informático para el procesamiento del Juego de Quiniela", otorgado por un plazo de 10 años mediante la Resolución de Intervención Nº 1004/2020.

La contratación recayó en las firmas SMARTOPLAY S.R.L. y DIRAC S.R.L., en forma de Unión Transitoria de Empresas, que percibirían "un 5% más I.V.A. cada una, sobre la recaudación generada por el Juego Quinielas y/o Otros Juegos de Azar".

Entre las irregularidades detectadas se menciona la falta de inscripción de la UTE en el Registro Público de Comercio, anomalías fiscales y, fundamentalmente, la omisión del control preventivo del Tribunal de Cuentas, requisito legal obligatorio para este tipo de contrataciones.

Con el rechazo a los recursos presentados por las autoridades de la Caja Popular, la investigación continúa su curso bajo la dirección del Abogado Fiscal Dr. Martín Colomo.