La legisladora Sandra Figueroa presentaría en las próximas horas un pedido de licencia en la Legislatura de Tucumán, según confirmaron fuentes políticas. La medida busca descomprimir la tensión generada tras su procesamiento judicial junto a su esposo, el ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, en una causa por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.

La decisión se conoce después de que el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictara el procesamiento formal del matrimonio y otras cuatro personas: los ex funcionarios José Roldán, Pablo Barrionuevo, el ex concejal José Albano Loru y el empresario Roque “Chipi” Giménez. El tribunal dispuso embargos por un total de $1.400 millones para los seis imputados, aunque ninguno se encuentra con prisión preventiva. Tanto Campos como Figueroa tienen prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización judicial.

La resolución judicial generó un fuerte impacto en el peronismo tucumano, que no anticipaba el avance de la causa en plena campaña electoral. Desde que se conoció el fallo, varios dirigentes del espacio político sugirieron a Figueroa que se aparte temporalmente de su banca, tal como ya había ocurrido en junio pasado, cuando se intervino el municipio de Alberdi.

El procesamiento de Figueroa fue notificado el miércoles pasado. Al día siguiente, los legisladores radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez presentaron un proyecto de resolución para suspenderla durante 120 días hábiles, argumentando que el Poder Legislativo “no puede permanecer indiferente ante hechos de semejante gravedad institucional” y que es su deber “resguardar el decoro y la dignidad de su funcionamiento”.

En este contexto, la Legislatura tucumana enfrenta uno de sus momentos de mayor tensión del año, en un escenario donde las decisiones judiciales y políticas se entrelazan en vísperas de la definición electoral.