La legisladora provincial Sandra Figueroa fue procesada por la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y a la administración irregular de fondos públicos durante su gestión al frente del municipio de Juan B. Alberdi.

La medida también alcanza a su esposo, Luis Campos, destituido como jefe municipal de esa ciudad. El juez federal José Manuel Díaz Vélez, aunque no dictó prisión preventiva, impuso restricciones severas: prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización judicial, obligación de presentarse quincenalmente ante una dependencia policial y prohibición de comunicarse con otros imputados y testigos de la causa.

La denuncia original fue presentada el 2 de junio de 2023 por el diputado nacional Roberto Sánchez, junto a otros legisladores y abogados, basándose en reclamos vecinales que señalaban a funcionarios municipales como presuntos responsables de actividades relacionadas con el narcotráfico.

El procesamiento incluye a Figueroa por el delito de lavado de dinero con agravante para funcionarios públicos, fundamentado en cuatro elementos clave: un incremento patrimonial desmedido sin actividades económicas que lo justifiquen; la tenencia de siete vehículos de alto valor, incluida una camioneta Toyota Hilux; la compra de automóviles con cheques oficiales del municipio durante su intendencia (2015-2023); y la falta de transparencia en la gestión municipal, que carecía de balances contables y registros de contratos.

Además, la legisladora fue imputada por confabulación para el narcotráfico, basándose en una conversación interceptada entre Campos y Roque Giménez, otro imputado, donde se hacía referencia a actividades ilícitas dentro de su entorno familiar. Figueroa también registra movimientos migratorios por Puerto Chalanas, ruta fronteriza con Bolivia relevante para el tráfico de estupefacientes.

Como garantía de las responsabilidades civiles y costas procesales, el juzgado ordenó trabar embargo sobre bienes de Figueroa por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000). La resolución establece que, una vez firme la medida, se deberá comunicar lo resuelto a la Legislatura de Tucumán, donde la imputada ejerce actualmente como legisladora provincial.