El contrato de concesión de la terminal central de ómnibus de Tucumán, operada por la empresa Terminal del Tucumán SA, vencerá el próximo 27 de octubre. El Gobierno provincial ha decidido no renovarlo y ya notificó formalmente esta determinación a la firma, según pudo constatar este medio. Las autoridades buscan una transición ordenada, dado que la concesionaria gestiona también los comercios al interior del predio.

En paralelo, el Ejecutivo avanza con la preparación de un llamado a licitación pública para la nueva concesión del servicio. El borrador del pliego, en revisión entre los ministerios de Economía y Obras Públicas, establece una inversión mínima obligatoria de 10 millones de dólares para la empresa adjudicataria. Si bien la Provincia cuenta con un proyecto ejecutivo de obra, se estima que el proceso licitatorio se extenderá más allá de la fecha de vencimiento del contrato actual.

Esta decisión de finalizar la relación contractual, que se mantuvo por más de tres décadas, se desarrolla en el marco de un extenso conflicto judicial. Existen al menos dos causas iniciadas por Terminal del Tucumán SA contra el Estado provincial.

La primera demanda, iniciada en 2006, culminó con una sentencia en 2017 que condenó a la Provincia a pagar a la empresa una suma superior a los 150 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, por el período comprendido entre 1996 y 2010. La base del reclamo fueron los "toques de andén" no efectuados por las empresas de transporte, incumplimiento que la concesionaria argumentó que el Estado provincial tenía la obligación de garantizar. Frente a este fallo, Fiscalía de Estado interpuso un recurso extraordinario federal.

En 2018, la empresa ofreció un acuerdo conciliatorio al Gobierno, proponiendo que se pagara parte de la deuda y se extendiera el plazo de la concesión. La Provincia, según consta, descartó esta posibilidad.

Una segunda demanda fue iniciada en 2022, reclamando por diferencias en los "toques de andén" entre 1995 y 2009, por un monto aproximado de 22 millones. Este expediente se encuentra aún en trámite en el fuero contencioso administrativo.

Pese a este escenario legal, la administración del gobernador Osvaldo Jaldo mantiene la decisión de avanzar con la licitación, con el objetivo de adjudicar la explotación de la terminal antes de que finalice el año.