El Gobierno nacional consideró exitosa la medida cautelar que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada, no por su efectividad práctica —que admiten es nula— sino porque logró desviar la atención pública del caso de los audios de Diego Spagnuolo, que involucran presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Estamos hablando de eso y no estamos hablando de lo otro”, reconocieron fuentes del círculo presidencial.

La estrategia marcó un cambio desde la postura inicial de “dejar que actúe la Justicia” a avanzar con acciones legales contra medios y periodistas. Admiten en privado que estas medidas son “inservibles” para censurar realmente los contenidos, pero prefieren ser señalados por atacar la libertad de expresión que por casos de corrupción. “No es óptimo, pero es lo que hay”, justificó un asesor gubernamental.

El temor central del oficialismo es que el escándalo afecte la participación electoral en las próximas elecciones bonaerenses, un escenario donde creen saldrían más perjudicados. Por ello, en videos de campaña, figuras como Patricia Bullrich y Manuel Adorni insistieron en que “cada voto cuenta”. Paralelamente, preparan nuevas estrategias de distracción, como enfocar la atención en la seguridad presidencial durante actos públicos.

Mientras tanto, la oposición en la Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobó un reglamento que habilita el uso de fuerza pública si un funcionario se niega a declarar, y citó nuevamente a Karina Milei, Adorni y Francos para que comparezcan. Algunos sectores libertarios cercanos al Gobierno tomaron con ironía las grabaciones, especialmente los críticos de los funcionarios señalados.