La oposición en el Senado se prepara para modificar este jueves la ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en lo que representa un giro de 180 grados tras casi dos décadas de uso extensivo del mecanismo por parte de sucesivos gobiernos. El dictamen, que cuenta con apoyo transversal del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente, busca imponer restricciones estrictas que limitarían no solo al actual Gobierno, sino también a futuras administraciones.

La reforma establece que los DNU tendrán un plazo perentorio de 90 días para ser expresamente aprobados por ambas Cámaras; de lo contrario, caducarán automáticamente. Actualmente, los decretos permanecen vigentes si el Congreso no los rechaza, sin límite de tiempo. Además, el rechazo de una sola Cámara bastará para derogarlos, y cada decreto deberá referirse a una única materia, evitando los textos multisectoriales.

Los firmantes del dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales argumentan que la ley vigente "consagra la aprobación tácita o ficta por la mera inacción del Congreso", violando los principios republicanos y de división de poderes. Sostienen que la experiencia muestra que es más fácil dilatar un pronunciamiento que obtener una sanción expresa, y que el silencio legislativo no debería implicar vigencia ilimitada, generando incertidumbre jurídica.

Una eventual aprobación en el Senado derivaría el proyecto a Diputados. Se anticipa que el Ejecutivo nacional vetaría la ley si es sancionada, lo que obligaría a la oposición a reunir dos tercios en ambas Cámaras para insistir. Todo este proceso debería completarse antes del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición legislativa. Desde el oficialismo, ya advierten que la reforma podría complicar la gestión no solo del actual gobierno, sino de cualquier futuro ejecutivo sin mayorías claras.