Ariel García Furfaro, principal imputado en la causa por la elaboración y venta de fentanilo contaminado vinculado a 96 muertes, declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta que “nunca tuvo nada que ver con drogas ni con narcotráfico”. El empresario, titular de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, atribuyó las acusaciones a denuncias falsas de un exempleado. Su declaración se produce en el marco de una investigación que ya lleva tres meses y que involucra a 17 imputados.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la detención de 10 de los investigados mediante un dictamen de 155 fojas que detalla irregularidades en la trazabilidad de los lotes medicamentosos y plantea serias dudas sobre la destrucción de 4.850,08 kilos de citrato de fentanilo en polvo importado por los laboratorios de García. Estos aspectos también son investigados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que intervino mediante la Dirección de Precursores Químicos.

La fiscalía reconstruyó minuciosamente la cadena de comercialización de los lotes contaminados 31.202 y 31.244, producidos en Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma a cuatro droguerías: Alfarma S.R.L. (propiedad del propio García), Droguería Nueva Era S.R.L., Glamamed y Federal Pharma. El lote 31.202, del cual se produjeron 154.530 ampollas, fue distribuido a hospitales y clínicas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa.

Como hecho significativo, se incorporó a la causa la investigación que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) realiza desde 2023 por el desvío de ampollas de fentanilo del lote 30366 al mercado ilícito en Misiones. La fiscalía destacó que los sistemas de registración de HLB Pharma presentan "inconsistencias graves" que imposibilitan la trazabilidad real de las sustancias, violando las Buenas Prácticas de Manufactura.

Respecto a la supuesta destrucción de casi 5 toneladas de citrato de fentanilo, la fiscalía señaló múltiples irregularidades: falta de actas oficiales de destrucción, documentación parcial o incompleta, inconsistencias numéricas en los registros de laboratorio y observaciones específicas de la Dirección de Precursores Químicos que no pudo verificar físicamente la eliminación del precursor. Estos vacíos documentales generan fundadas sospechas sobre un posible desvío al mercado ilícito.