Este martes 26 de agosto, el Tribunal Oral Federal de Tucumán anunciará el veredicto final del juicio por el presunto desvío de fondos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), un caso de alto impacto conocido como “el robo de la Ciudad Universitaria”. Tras un extenso debate de 13 meses, los jueces Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl escucharán las últimas palabras de los cuatro imputados: el exrector Juan Alberto Cerisola, la exdirectora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani, el exsubsecretario administrativo Luis Sacca y el exdirector de Contrataciones Osvaldo Venturino.

La acusación del fiscal federal Pablo Camuña se centra en el manejo irregular de las utilidades que la UNT recibió por su participación en la empresa minera YMAD entre 2006 y 2011. Según el Ministerio Público Fiscal, los fondos fueron objeto de múltiples delitos, incluyendo el pago de sobreprecios en obras públicas, colocaciones financieras irregulares y el abandono del ambicioso proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

El fiscal Camuña solicitó condenas de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cerisola y de 4 años para Cudmani, por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes. Para Venturino y Sacca, requirió 2 años de prisión condicional. Adicionalmente, reclamó la devolución de más de 55 mil millones de pesos por el presunto perjuicio económico, un monto que fue individualizado para cada imputado. El fiscal también pidió la revocación de las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani y su pase a prisión domiciliaria.

Frente a las acusaciones, la defensa del exrector Cerisola, a cargo de las abogadas Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, solicitó su absolución. Argumentó que las imputaciones “carecen de fundamento jurídico y probatorio” y sostuvo que el proceso estuvo viciado por un “juicio paralelo” impulsado desde la fiscalía y la prensa. Su defensa técnica enfatizó que su cliente nunca fue formalmente acusado de corrupción durante la etapa investigativa, lo que consideró una violación al derecho de defensa.

La actual conducción de la UNT, que actúa como querellante en la causa, se mantuvo expectante. Su rector, Sergio Pagani, se mostró prudente en declaraciones de este lunes, afirmando: “esperamos una sentencia de la Justicia” y “lo que queremos es que se sepa la verdad”. Si bien evitó pronunciarse sobre los cargos, destacó los avances de su gestión en materia de transparencia, sugiriendo que el fallo sentará un precedente para todas las instituciones públicas del país. El veredicto marca el final de una causa iniciada en 2010 que podría tener profundas repercusiones institucionales.