Lo que comenzó como una herramienta excepcional para el regreso a clases en pandemia se transformó en una práctica permanente: el gobierno tucumano prorrogó hasta diciembre de 2025 el decreto que permite al Ministerio de Educación contratar bienes y servicios sin licitación. La norma, originalmente dictada en febrero de 2021, ha sido renovada siete veces y ahora se justifica por "la proliferación de dengue y gripe".

El decreto 2007/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 18 de julio pero publicado esta semana, faculta a la cartera educativa que dirige Susana Montaldo a realizar compras directas para "garantizar la prestación educativa". La disposición evade los procesos de contratación pública habituales, aunque el texto aclara que debe ajustarse a protocolos federales y jurisdiccionales.

En los fundamentos, el Ejecutivo menciona "situaciones epidemiológicas" como motivo de la prórroga, pese a que el país no enfrenta restricciones sanitarias como en 2021. El decreto fue refrendado por el ministro Regino Amado y el secretario Federico Nazur, extendiendo una polémica medida que acumula cuatro años de vigencia continua.

Esta renovación ocurre en un contexto donde las contrataciones directas representan el 72% del gasto público provincial, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Organizaciones ya habían cuestionado la falta de transparencia en compras educativas durante la pandemia, cuando se adquirieron insumos sanitarios sin auditoría pública. El gobierno insiste en que la herramienta es "indispensable", pero no detalla qué protocolos actuales justifican su uso.