La provincia de Tucumán prevé otorgar $30.051 millones en beneficios fiscales durante 2025, equivalentes al 4,99% de su recaudación total estimada ($601.800 millones). Según la Ley de Presupuesto, el 91,35% de estos incentivos —$27.452 millones— se concentrará en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con exenciones totales para droguerías, empresas de la Economía del Conocimiento y lechería (esta última con un régimen vigente desde 1985 y extendido hasta 2035). Otros sectores, como call centers y comercios minoristas, disfrutarán de alícuotas reducidas.

El esquema, calculado bajo metodologías del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, busca "fomentar el desarrollo económico a largo plazo", según el texto presupuestario. Además, el Ejecutivo provincial impulsa un proyecto para crear un régimen general de inversiones que otorgue exenciones progresivas en Ingresos Brutos (del 25% al 100%) según el monto invertido, junto con créditos fiscales por contratación de personal.

Estas medidas generan tensiones con el Gobierno nacional, que critica la persistencia de tributos "regresivos" como Ingresos Brutos, que aporta el 82% de la recaudación provincial. El gobernador Osvaldo Jaldo defendió las políticas: "Si fuera por la Nación, no habría colectivos ni clases en Tucumán. Debemos discutir una reforma, pero también cómo financiar salud y educación". El debate refleja el equilibrio que busca la provincia entre incentivos productivos y sostenibilidad fiscal.