La jueza federal Loretta Preska rechazó este lunes el pedido de suspensión presentado por Argentina sobre su fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF para cubrir la millonaria condena por la nacionalización de la petrolera. La magistrada mantiene así su exigencia de pagar US$16.000 millones a los fondos buitre demandantes, pese a los recursos legales que aún tramita el país.

El gobierno argentino, que ya había apelado la sentencia la semana pasada, argumentó que la medida viola la ley de inmunidad soberana (FSIA) y ejerce una jurisdicción extraterritorial inconstitucional. Además, recordó la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EE.UU. durante la gestión Trump, que consideran un respaldo a su posición.

Tras este nuevo revés, la administración nacional anticipó que elevará el caso a la Corte Suprema estadounidense si las instancias inferiores confirman el fallo. Mientras tanto, Preska habilitó la continuidad de las acciones judiciales dispuestas, lo que incluye notificaciones a bancos y entidades vinculadas a YPF.

El conflicto judicial avanza en paralelo a las negociaciones que la propia jueza impulsó la semana pasada, aunque sin pausar los plazos legales. Argentina insiste en que la demanda —iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park— desconoce el carácter soberano de la decisión de estatizar YPF en 2012.

La resolución de Preska marca un nuevo capítulo en este litigio que podría escalar a la máxima instancia judicial de EE.UU., mientras el gobierno busca alternativas para proteger los activos estratégicos de la petrolera estatal.