Argentina enfrenta una emergencia vial: el 47.5% de sus rutas nacionales evaluadas están en mal estado o son regulares, según datos oficiales. Tucumán encabeza este preocupante ranking, con el 60% de sus 185.4 km relevados en condiciones deplorables. La situación se agravó tras la disolución de Vialidad Nacional (DNV) por decreto del Gobierno nacional, que transfirió sus funciones al Ministerio de Economía en medio de críticas por su impacto federal.

El legislador tucumano Walter Berarducci presentó un proyecto rechazando la medida, al considerar que "viola el federalismo" y deja sin mantenimiento 40,000 km de rutas. La provincia, que tiene 600 km de caminos nacionales, asegura no contar con recursos para asumir su mantenimiento. "Son responsabilidad exclusiva de Nación", afirmó el gobernador Jaldo, aunque admitió la urgencia de obras en rutas clave como la 9, 157 y 38.

El cierre de la DNV afecta directamente a 5,184 empleados nacionales, incluidos 190 en Tucumán. Gabriel Acosta, delegado sindical, alertó sobre el riesgo para tareas esenciales como bacheo y señalización. Mientras, el patrimonio vial —incluyendo maquinaria— será transferido a la Agencia de Bienes del Estado.

Sectores productivos ya sienten el impacto. La Sociedad Rural Argentina reporta pérdidas millonarias, mientras la UIA advierte que el mal estado de las rutas impide el uso de transportes de carga eficientes. Únicamente el 30-40% de las rutas recibía mantenimiento regular con el presupuesto recortado en 2024.

Con una mortalidad vial de 10 personas por día en 2024 —el 54% en rutas nacionales y provinciales—, la disolución de la DNV profundiza la crisis. Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires (con más del 50% de sus rutas deterioradas) son los territorios más expuestos a esta tormenta perfecta entre infraestructura colapsada, desempleo sectorial y falta de claridad en la gestión vial.